El Supremo de Israel resuelve a favor de los residentes palestinos de Sheij Jarrá y bloquea los desahucios

El Tribunal Supremo de Israel ha resuelto este lunes no desalojar a los residentes palestinos del barrio de Sheij Jarrá, que se encuentra en Jerusalén Este, y les ha ofrecido además un "estatus de protección" que impide su expulsión de la zona durante los "próximos años".

Los magistrados han resuelto así el recurso presentado por los residentes palestinos, que habían recibido varias órdenes de desalojo, y han puesto sobre la mesa una serie de compromisos que permitirían a estas personas seguir residiendo por el momento en el barrio, según informaciones del diario 'Haaretz'.

Tal y como indica la propuesta, los palestinos --que residen en la zona desde los años 50--, serán registrados como inquilinos "protegidos" y no podrán ser desahuciados durante al menos las próximas dos décadas. A cambio, estos tendrán que pagar una cuota de alquiler a Nahalat Shimon, una asociación de colonos judíos.

El magistrado Yizhak Amit ha hablado así de "pragmatismo" y ha matizado que la población "tiene que seguir viviendo ahí", por lo que la idea es alcanzar un acuerdo "práctico". La organización de colonos no ha tardado en reaccionar y ha insistido en que los residentes palestinos deben reconocer la "propiedad judía" de las viviendas. Los palestinos, sin embargo, han accedido a aceptar la propuesta, pero se han negado a reconocer dicho derecho sobre la propiedad, según el diario 'The Times of Israel'.

El pasado mes de mayo, Naciones Unidas reclamó a Israel que suspendiera los desalojos de residentes palestinos en el barrio de Sheij Jarrá y advirtió de que estos procesos podrían suponer una violación de sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario e incluso un crimen de guerra.

El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, señaló entonces que "Jerusalén Este es parte de los territorios palestinos ocupados, en los que se aplica el Derecho Humanitario". "La potencia ocupante debe respetar y no confiscar propiedades privadas en territorios y debe respetar, salvo que se le prohíba de forma absoluta, las leyes en vigor en el país", recalcó.

"Las expulsiones forzosas podrían también violar los derechos a una vivienda digna, a la privacidad y otros derechos de los desahuciados. Las expulsiones forzosas son un factor clave a la hora de crear un ambiente de coacción que pueda llevar a la transferencia forzosa, lo que está prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra", argumentaba.