Se concentrarán el 10 de septiembre frente al Ministerio del Interior para "hacer oír la voz de estos jóvenes"

Un total de 194 ONGs españolas y 311 personas a nivel particular han firmado este martes un manifiesto contra el posicionamiento de los Ministerios del Interior y Exteriores sobre el aplazamiento de la reforma promovida por Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que pretende reformar el Reglamento de Extranjería "adaptándolo a las necesidades" de menores y jóvenes migrantes no acompañados.

Según han recogido en un manifiesto, estas organizaciones han instado al Gobierno a que mantenga la agenda del próximo Consejo de Ministros para abordar la reforma legislativa sobre el Reglamento de Extranjería que facilite que los jóvenes extranjeros tutelados por la administración pública puedan mantener una situación administrativa regular en su transición a la vida adulta.

De este modo, las entidades sociales han firmado un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, en el que consideran que se evitaría "la irregularidad sobrevenida, tal y como hasta el momento viene sucediendo como consecuencia de la regulación actual". Y en el que recuerdan que el Gobierno "hace más de un año" se comprometió a dicha reforma del Reglamento de Extranjería y que "ya estaba pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros".

En este marco, según han explicado, la iniciativa trata de visibilizar la posición de "gran parte de la sociedad civil en silencio hasta este momento" y que "se enfrenta al imaginario de la ultraderecha". Igualmente, han determinado que se están recabando más adhesiones a nivel tanto nacional como internacional.

CONCENTRACIÓN EL 10 DE SEPTIEMBRE
Además, han anunciado que la iniciativa "culminará" con una concentración que se celebrará el 10 de septiembre en las puertas del Ministerio del Interior en Madrid "para hacer oír la voz de estos jóvenes", han apostillado.

A lo largo de este manifiesto han destacado que otras propuestas planteadas pretenden reforzar las medidas garantistas referidas a los procedimientos de determinación de la edad de los menores, a la agilización de los procesos y requisitos de documentación cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de edad, así como a los tiempos de duración de los permisos de residencia y trabajo.

A juicio de las entidades, es momento de realizar una "apuesta decidida" para hacer prevalecer el interés superior de los menores y que sea aplicado desde las propias instituciones, en consonancia con la recomendación del Defensor del Pueblo de 9 de marzo de 2020, sobre la residencia de los menores extutelados que han accedido a la mayoría de edad sin haber obtenido la pertinente autorización y la Observación general nº 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.

La hoja de ruta marcada desde el pasado mes de abril respecto a la modificación del Reglamento de Extranjería resulta, en opinión de las organizaciones, "esencial" para dotar de una norma que ponga en el centro las medidas de integración, que fomente la inclusión social de los jóvenes, permitiendo que contribuyan a la sociedad de acogida con el pleno ejercicio de sus derechos, anteponiendo el respeto y protección de los derechos humanos por encima de cualquier divergencia política.

Para las entidades sociales, promover oportunidades para la juventud "es uno de los principales retos que afronta la sociedad española". "Estos chicos ya son parte de la ciudadanía en España y dificultar su inclusión social solo abunda en el incremento de la precariedad de la juventud y el refuerzo de un modelo social que condena a la exclusión a quienes no cuentan con el apoyo de sus familias", han apuntado.

Las organizaciones han recordado que el pasado mes de abril, la Secretaría de Estado de Migraciones anunciaba la modificación del "régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España con el fin último de fomentar su inclusión e integración" mediante la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería.

De esta forma, el Gobierno se había comprometido a aprobar en el Consejo de Ministros del 24 de agosto esta reforma. El texto había pasado por consulta pública, ya había sido discutido por los diferentes ministerios implicados, el Consejo de Estado lo había estudiado por vía de urgencia y se habían incluido las modificaciones requeridas.

Además, destacan la resolución adoptada por unanimidad el pasado mes de junio por parte del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI), en la cual, volvía a ponerse de manifiesto la necesidad y urgencia en la modificación del Reglamento. Sin embargo, las entidades señalan que el 7 de agosto trascendía que los ministerios de Interior y Exteriores "mantenían reticencias sobre las medidas contempladas que motivaban el aplazamiento de la reforma".

"Numerosas organizaciones sociales e instituciones como el Defensor del Pueblo llevamos años denunciando la situación de desprotección en la que quedan estos jóvenes a causa de las trabas administrativas y exigiendo la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos de la infancia y juventud migrante con una medida que resulta fundamental para favorecer su inclusión social", dice el comunicado.

Tal y como exponía el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social en su Memoria de Análisis Normativo para la Modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, las entidades sociales aseguran que España ha de garantizar la protección jurídica y social de aquellos niños, niñas y adolescentes que llegan a al país sin la compañía de sus progenitores o referentes adultos, reconociendo que "la regulación que el régimen general de extranjería venía haciendo respecto de la situación jurídica de estos menores los colocaba en una posición complicada para integrarse plenamente en la sociedad".