Envían a prisión al coronel del Ejército de Bolivia acusado de tráfico de químicos para reprimir protestas

La Justicia de Bolivia ha enviado a prisión de forma preventiva al coronel Héctor Pérez, envuelto en un caso de presunto traslado de gases lacrimógenos desde Ecuador hacia Bolivia en noviembre de 2019 para reprimir las protestas de 2019, en medio de la crisis política surgida después de que la oposición y parte de las Fuerzas Armadas no reconociesen los resultados de las elecciones de octubre.

Pérez, que pasará seis meses en la cárcel de San Pedro, habría sido ayudante del exministro de Defensa Fernando López --bajo el mandato de la expresidenta Jeanine Áñez--, otro de los acusados por recoger material antidisturbios, tramitado como un "préstamo", por parte del exministro de Defensa y del extitular de Gobierno, Arturo Murillo, con el objetivo de hacer frente a las protestas.

De este modo se ha atendido la petición de la Fiscalía, que apuntaba a una detención preventiva en base a riesgos procesales como fuga u obstaculización de investigación. La defensa del exmilitar ya ha anunciado que apelará la decisión contra su cliente.

El asunto también salpica al Gobierno del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien en el marco de la crisis política de 2019 tras la autoproclamación de Áñez como presidenta de Bolivia, solicitó agentes químicos y material antidisturbios a Argentina, un hecho más que investiga la actual Administración del presidente, Luis Arce.

Igual que Ecuador, el gobierno argentino del expresidente Mauricio Macri también se involucrada al haber "prestado" material antidisturbios a la Administración de Áñez, explica el diario boliviano 'La Razón'.

OTRAS CONDENAS
Por otro lado, la Justicia boliviana ha liberado de prisión al exmilitar Julio Tamayo y le ha condenado a arresto domiciliario tras haber estado detenido en San Pedro desde julio por la masacre de Senkata, en 2019, bajo el gobierno de Áñez.

Tamayo Rivera fue imputado por los delitos de homicidio, así como por lesiones graves y leves. Poco después de ser detenido, en julio fue enviado a la cárcel de San Pedro porque se le vinculó con los sucesos de Senkata, donde un operativo policial acabó con la vida de diez personas y decenas de heridos por impactos de bala.

Áñez, quien se encuentra en prisión condenada por golpe de Estado, también cuenta con una causa abierta por responsabilidades en los incidentes de Sacaba y Senkata, considerados por organizaciones de Derechos Humanos como masacres.