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MADRID, 8 (OTR/PRESS)Los de la orilla izquierda andan muy preocupados por el progresivo deterioro de la Universidad Pública* en la Comunidad de Madrid, donde "casualmente" gobierna Isabel Díaz Ayuso. Falta de presupuestos, profesores mal pagados, pérdida de alumnos, penurias, etcétera. Tienen razón. Luego reconocen que ese deterioro es prácticamente generalizado y que las penurias y, lo que es mucho peor, la pérdida de calidad de la enseñanza universitaria es un problema nacional de máxima envergadura en Madrid, en Cataluña, en Canarias o en Extremadura. Pero el problema no sólo está en lo que hace la Universidad, en su formación técnica y humanística, sino, sobre todo, en cómo llegan hasta sus aulas los alumnos y cómo las Universidades han ido bajando el nivel de exigencia cada año para no echar a miles de alumnos que, en muchos casos, no saben ni siquiera escribir correctamente, hacer un resumen, extractar lo más importante de una lección o relacionar ideas. Y eso no pasa sólo en la pública, también en la privada, pero allí el dinero abre muchas más puertas. El problema está antes de la Universidad. Los Informes TIMSS y PISA coinciden básicamente en sus datos. El primero de ellos acaba de poner sobre la mesa que los alumnos españoles de 9 y 10 años bajan de manera significativa en matemáticas y en ciencias y que crecen las distancias con los países que cuidan adecuadamente su educación. De los 32 países evaluados de la UE y de la OCDE, España ocupa el lugar 28, cien puntos por debajo del primero. Por comunidades autónomas, en matemáticas, las mejores son, por este orden, Castilla y León, Asturias, Madrid -qué flagelo para la izquierda militante- y Navarra. Y en ciencias, Asturias, Galicia, Castilla y León* y Madrid -terrible-. Y las peores en matemáticas y en ciencias son Andalucía, Cataluña, Canarias y Baleares. Haríamos bien en preocuparnos de la formación en Primaria, en la ESO y en el Bachillerato porque tendríamos una Universidad mucho mejor. Y también debería preocuparnos la infrafinanciación de la escuela concertada que penaliza desde hace décadas a un millón y medio de alumnos, tantos como los que acuden a la Universidad. O por la igualdad de los estudiantes en Cataluña, donde se penaliza y se persigue a quienes quieren estudiar en castellano. Y todo eso repercute luego en el mercado de trabajo donde miles de universitarios, insuficientemente formados desde la enseñanza primaria, sobreprotegidos por los padres y faltos de valores como el esfuerzo, acaban en puestos de trabajo y salarios que no corresponden a su formación teórica ni a sus expectativas. En 2005, los menores de 35 años representaban el 46,3 por ciento de la población trabajadora; en 2022, el 28,6 por ciento. Y estamos a la cabeza de la OCDE en jóvenes sin Secundaria postobligatoria. Es un drama. El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha dicho que le preocupa el nivel de educación técnica, social, cultural y moral de las nuevas generaciones. Tiene razón y esa debería ser una de las principales preocupaciones de la clase política, más aún cuando el cambio tecnológico y el mercado laboral están demandando profesionales que no se forman hoy en nuestras Universidades y donde no se prepara a los jóvenes en las habilidades que van a necesitar si quieren trabajar y prosperar. Pero sólo se puede hacer con diálogo y consensos y nuestros políticos ignoran lo que es eso. No es sólo el dinero. La mejora de la enseñanza no vendrá nunca de la ideología. Décadas de experimentos pedagógicos sin éxito y sin contar con los profesores, los empresarios y los pensadores han traído lo que tenemos. Esos experimentos son los responsables del deterioro de la Universidad, que vive de espaldas a la sociedad y a la realidad, y, lo que aún es peor, de la escuela pública. Y, sin duda alguna, de la frustración de miles de jóvenes sin esperanza de futuro.
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