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El Gobierno Vasco destinará un millón de euros entre 2025 y 2026 para el desarrollo de acciones educativas en el ámbito de la justicia juvenil con el fin de asistir a seis jóvenes y menores que deben cumplir medidas de acogida residencial o reinserción en la residencia Autonomía de Bilbao. Esta aportación se canalizará a través de la renovación de un convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y la asociación educativa Berriztu para la Inclusión Social. El convenio contempla la ejecución de medidas de acogida residencial y reinserción social de seis menores y jóvenes que deban cumplir una media cautelar o firme, en los regímenes abierto o semiabierto, incluidos los terapéuticos o las medidas de convivencia en grupo educativo y permanencias de fin de semana que hayan sido impuestas por los Juzgados de Menores. La vigencia del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, y para ello se destinará algo más de un millón de euros, 510.552 euros el próximo año y 525.864 euros en 2026. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado prorrogar por un año dos convenios con los ayuntamientos de Portugalete y Barakaldo para la gestión del servicio de Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial. En el caso de Portugalete está dotado con 200.000 euros para el año próximo, y el de Barakaldo con 160.000 euros
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