El Supremo italiano da la razón al Gobierno sobre la designación de países seguros para migrantes

El Tribunal Supremo italiano se ha posicionado con el Gobierno y la Fiscalía italianos en lo que respecta a la designación de países seguros para la devolución de migrantes llegados al país. Con esta decisión se agota la vía judicial en Italia y la cuestión podría ser estudiada por el Tribunal de Justicia de la UE.

"El juez de garantías que examina cada caso individual (...) no sustituye a la evaluación, que generalmente corresponde únicamente al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los demás ministros que intervienen", ha añadido.

"La determinación de los países seguros corresponde a los ministros", ha indicado el Supremo, por lo que ordena suspender todas las medidas cautelares en vigor que impedían la deportación de inmigrantes terceros países, como Albania.

El auto del Supremo da marcha atrás así a la decisión del Tribunal de Roma que revocó la expulsión a Albania de un grupo de inmigrantes el pasado 18 de octubre.

Tras el anuncio, el partido Hermanos de Italia, al que pertenece la primera ministra, Giorgia Meloni, ha subrayado que "el Supremo da la razón al Gobierno sobre Albania".

"Las decisiones del Tribunal de Roma sobre los inmigrantes retornados desde Albania fueron erróneas y, sobre todo, como dijimos, en este caso concreto, el Gobierno tenía razón", ha añadido el portavoz del partido enel Senado, Lucio Malan, según recoge la prensa italiana.

Por ello, "quienes desde la izquierda han atacado durante semanas al Gobierno y al 'modelo albanés', que toda Europa quiere conocer y utilizar, deberían leer el auto y pedir disculpas", ha rgumentado Malan.

Tras esta decisión, el Gobierno "seguirá por camino trazado: devolver la inmigración a las normas de derecho y luchar contra los traficantes y contrabandistas".

Las autoridades italianas han trasladado a Albania a dos grupos de migrantes, aunque en ambos casos estas personas han terminado regresando a Italia por orden de un juez, ya que varios tribunales han puesto en duda el encaje legal de los compromisos suscritos por el Gobierno italiano.