El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha planteado mejoras para una contratación pública más transparente y eficiente y ha propuesto que el precio no sea el único factor determinante en la adjudicación de los contratos, sino que los criterios de calidad representen, al menos, el 51% de la puntuación asignable en las ofertas.
El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha presentado este martes un documento con reflexiones y propuestas de mejora en los procedimientos de contratación del sector público en el ámbito de la prestación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoramiento financiero.
Los economistas también ha propuesto determinar detalladamente el número de horas necesarias para la realización de los trabajos, así como el número y la cualificación de los profesionales a adscribir a su ejecución, garantizando así la adecuación de la calidad del proyecto público.
Además, los economistas han instado a fomentar, en las fases previas a la aprobación del expediente, la participación de operadores económicos y colegios profesionales con el objetivo de tomar decisiones más informadas.
Durante la presentación del documento, se ha resaltado que la colaboración público-privada supone una estrategia clave para potenciar la eficiencia y la evaluación constante en los procesos de contratación con el sector público, al tiempo que favorece la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, según recoge el documento, actualmente persisten ciertos obstáculos que restan eficiencia al proceso de contratación en torno a la definición del objeto del contrato en los pliegos de licitación, el cálculo del valor estimado del contrato, la justificación en los criterios de adjudicación del proyecto o la escasa estandarización de modelos donde se especifiquen claramente requisitos que debe tener el licitador por tipo de proyecto y contrato, lo que se traduce en una heterogeneidad que alarga el proceso burocrático y la ejecución del proyecto.
En la presentación han participado el presidente del CGE, Valentín Pich; el director de Economía y Estudios de Fomento del Trabajo Nacional, Salvador Guillermo; el presidente del REA, Emilio Álvarez; Carlos Obeso, socio director de Public.on Legal, SLP y coautor del documento, y Ana Moreno, coordinadora del Comité del Sector Público del CGE.
Durante su intervención, Valentín Pich ha recordado que, en 2023, el gasto Público alcanzó aproximadamente el 45,5% del PIB, lo que resalta su papel esencial en la economía española. Según Pich, "la contratación pública debe orientarse a maximizar el valor económico y social del gasto público, promoviendo una evaluación constante y una cultura de mejora continua para reforzar la transparencia y la eficacia".
También ha destacado los avances en digitalización y contratación electrónica, que están modernizando el sector y posicionando a España como un referente en el uso de la contratación pública como motor de desarrollo económico.
Además, ha subrayado que, "las bajas temerarias, las cuales tienen un efecto acumulativo, condicionan los costos de las auditorías, dificultando su ejecución y limitando posiblemente su calidad. Por ello, cree que es necesario identificar umbrales de saciedad para la valoración de las ofertas económicas con el objetivo de desincentivar la presentación de este tipo de propuestas".
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