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MADRID, 5 (OTR/PRESS) La vicepresidenta del Gobierno (sector social), Yolanda Díaz, está de subidón, por cuenta de la presentación en sociedad del anteproyecto de ley sobre reducción de la jornada laboral de cuarenta a treinta y siete horas semanales. De momento le funcionan bien las luces cortas (rearmarse como faro político frente a Podemos a la izquierda del PSOE) y las luces largas (como "suavizante del malestar social", dice). Pero ahora hay que pasar de las musas al teatro. El anteproyecto aún no ha sido enviado al Congreso (se espera que eso ocurra a finales de febrero) para su tramitación parlamentaria. Y no será fácil lograr la necesaria mayoría para sacarlo adelante porque nace con una actitud reticente por parte del PP (grupo mayoritario de la Cámara), la ultraderecha de Vox y de la derecha catalana de Junts, cuyo alineamiento en un eventual "no" tumbaría el proyecto. Para impedir ese frente, Yolanda Díaz se está empleado a fondo. No oculta que está teniendo furtivas conversaciones tanto con Núñez Feijóo (PP) como con Carles Puigdemont (Junts), con el argumento de que no les conviene ponerse contra un clamor de la clase trabajadora: menos horas de trabajo con el mismo salario. Dice que "en la calle está ganado el reto" y un partido político no debe ponerse a la calle en contra. Tiene razón la vicepresidenta y ministra de Trabajó. Pero me parece que acortaría el camino hacia el final feliz si esa tarea persuasiva la hiciera con los máximos responsables de la CEOE (Antonio Garamendi) y de Foment del Trabajo (Sánchez Llibre), en principio reacios a la medida que, una vez superadas las diferencias dentro del Consejo de Ministros (Carlos Cuerpo-Yolanda Díaz), se presenta como un compromiso colegiado del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, uno tiene razones para suponer que la aparente reconciliación del ministro de Economía es engañosa, porque Carlos Cuerpo no se ha apeado de las exigencias de añadir una dosis de gradualismo y sectorialización al mantra de las treinta y siete horas ya mismo y para todos con carácter general, porque no es lo mismo trabajar en el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, básicamente), que el sector terciario (servicios), como no es lo mismo un minero que un oficinista. Tampoco conviene fiarse de que el proyecto se vaya a tramitarse por vía de urgencia. No olvidemos que en el trámite de enmiendas los grupos tienen muchas posibilidades de retrasar el proceso con las consabidas "prórrogas". Y que el paso por el Senado, donde reina el PP con mayoría absoluta puede ser determinante a esos efectos (los de la prisa). Así que tampoco me sorprendería que la corrupción de cercanías y la fractura de Frankenstein anticiparan un colapso de la presente legislatura que dejase la reforma de Yolanda Díaz en el congelador, hasta la próxima.
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