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El PP busca la reprobación del fiscal general del Estado en el primer Pleno del Congreso de este año | |||
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MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El PP intentará que el Congreso repruebe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la primera sesión plenaria de este año, prevista para esta semana. En concreto, busca que se le censure por utilizar su cuenta personal de correo electrónico para recibir "datos protegidos", sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los 'populares' han incluido esta reprobación en la moción consecuencia de la interpelación que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo dirigió al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el pasado mes de diciembre, en el último Pleno de 2024. Esta la segunda vez que el PP intenta que la Cámara Baja repruebe al fiscal general del Estado, una censura que sí salió adelante en el Senado, donde los 'populares' gozan de mayoría absoluta. En esta ocasión, según el texto recogido por Europa Press, le señalan expresamente por la causa que el Tribunal Supremo tiene abierta contra él y contra la fiscal jefa provincial de la Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por un supuesto delito de revelación de secretos por la difusión de un correo electrónico entre el abogado de la pareja de Ayuso y el ministerio fiscal en el que se reconoce que Alberto González Amador ha cometido un delito fiscal y busca un pacto con la Fiscalía. El PP destaca que una de las cosas que se están investigando es el uso por parte de García Ortiz de su "cuenta personal de Gmail" para recibir de la fiscal provincial "datos protegidos" que, al parecer "había pedido por Whastapp a otro subordinado suyo". Según los 'populares', esta conducta, además de ser contraria a la legislación española y a la normativa de la Unión Europea sobre la materia, transgrede las propias instrucciones sobre protección de datos dictadas por la Fiscalía de Madrid, que "impiden el uso de cuentas privadas de correo electrónico para comunicaciones que contengan información o datos personales cuyo tratamiento sea consecuencia del ejercicio de la función pública atribuida al Ministerio Fiscal". LA FISCAL DE MADRID SÍ USÓ SU CORREO OFICIAL El PP registró su moción justo después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las comunicaciones de los dos fiscales investigados por el Supremo correspondientes al periodo que medió entre el 8 y el 14 de marzo de este año. El 8 de abril la Fiscalía Provincial de Madrid envió a la Fiscalía General del Estado el expediente completo con la investigación a González Amador por presuntos delitos fiscales y el 14 el Ministerio Público emitió un comunicado dando cuenta del intercambio de 'emails' entre la defensa y el fiscal del caso, Julián Salto, para llegar a un acuerdo. La UCO encontró 45 correos electrónicos en la cuenta oficial del fiscal general pero ninguno de "interés para la investigación", sin embargo, gracias a la copia de seguridad de su ordenador de mesa ha concluido que el 13 de marzo a las 23:45 horas recibió dos mails en su correo personal desde la cuenta corporativa de la Fiscalía Provincial de Madrid con el asunto "denuncia Maxwell Cremona". En ellos, según el citado informe, se observa la cadena de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto del día 12 de marzo y el reenvío a la Fiscalía Provincial de Madrid que se produjo el día 13 de ese mismo mes a las 23:44". Además, "se incluye como adjunto la denuncia por dos supuestos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por la empresa Maxwell Cremona". La fiscal jefa provincial de la Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que sí usó su correo corporativo para enviar los mensajes a García Ortiz declaró ante el Supremo que no le pareció "extraño" que su superior le pidiera que se los enviara a su correo personal y negó haberse puesto de acuerdo con él para filtrar información sobre Alberto González Amador. En este contexto el PP volverá a defender la reprobación del fiscal general del Estado por su "participación en acciones destinadas a difundir, por motivos de relato político, información confidencial de personas investigadas por la Fiscalía" y por hacerlo, además, usando cuentas privadas de correos para recibir informaciones que contienen datos personales, en este caso del novio de Ayuso. |
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