HRW denuncia más de 30 muertos en un ataque armado contra un convoy escoltado en el noreste de Malí

Pide a las autoridades investigar "el incidente para determinar cómo sus fuerzas de seguridad pueden proteger mejor a los civiles"

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que 34 personas murieron y otras 34 resultaron heridas en un ataque perpetrado a principios de mes y atribuido al grupo yihadista Estado Islámico en el Sahel --anteriormente Estado Islámico del Gran Sahara (ISGS)-- contra un convoy que transportaba a un centenar de civiles y que estaba escoltado por el Ejército de Malí a la altura de la localidad de Kobe, en el noreste del país africano.

Los combatientes atacaron el 7 de febrero un convoy formado por una veintena de vehículos civiles que transportaban, en su mayoría, mineros de Níger y comerciantes de Malí, que viajaban por una carretera entre las ciudades de Gao y Ansongo en la que ya se habían atacado a civiles. Según testigos, al menos cinco camionetas militares y varias motociclietas con soldados y milicianos aliados escoltaban al convoy.

"El ataque en Kobe demuestra los riesgos mortales que enfrentan los civiles en Malí en su vida cotidiana. Las autoridades malienses deberían investigar el incidente de manera imparcial para determinar si los atacantes violaron las leyes de la guerra y cómo sus propias fuerzas de seguridad pueden proteger mejor a los civiles en riesgo", ha declarado la investigadora principal sobre el Sahel de HRW, Ilaria Allegrozzi.

Si bien ha reconocido que, "dadas las innumerables atrocidades cometidas por los grupos islamistas contra civiles en Malí, es comprensible que las autoridades quieran escoltas militares para proteger los convoyes civiles", ha considerado que "deberían estudiar medios alternativos para proteger a los civiles en las carreteras, como el uso de escoltas policiales que no sean objetivos militares legítimos".

Allegrozzi ha remarcado que, aunque las fuerzas gubernamentales y milicias eran objetivos militares legítimos, los civiles y los vehículos civiles no debían ser objeto de un ataque deliberado, proponiendo así que el custodio de estos convoyes lo lleve a cabo la Policía o el personal de seguridad. Además, ha pedido investigar si el ataque llevado a cabo fue "deliberado, indiscriminado o desproporcionado contra civiles en violación" del Derecho Internacional.

Todavía no han sido identificados de forma concluyente los atacantes, si bien el Ejército maliense emitió un comunicado el mismo día del ataque en el que cifraba en 25 los muertos civiles y trece los heridos, mientras que decía que los soldados participaron en un "combate violento" y luego recuperaron los cuerpos de "19 terroristas", así como ramas y otros equipos. No citó bajas entre sus fuerzas.

Testigos y otras fuentes locales han asegurado a HRW que los ataques contra civiles a lo largo de dicha carretera se han vuelto tan habituales que las autoridades militares de Gao han impuesto escoltas armados a los viajeros desde finales de 2024. Algunos residentes, incluidos los comerciantes que viajan con frecuencia por la carretera, han expresado su preocupación por el hecho de que las escoltas difuminan las diferencias entre militares y civiles, exponiendo a estos últimos a mayores riesgos de ataques.