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MADRID, 25 (OTR/PRESS) Los nacionalistas celebran los actos xenófobos. Y emoción ha despertado entre los seguidores de Carles Puigdemont la anunciada cesión de las competencias en materia de inmigración y fronteras. Son xenófobos. A Mirian Nogueras, una de sus diputadas, se le llenaba la boca al proclamar el carácter "integral" del último bocado político que Junts le había arrebatado a Pedro Sánchez a costa de una materia que en principio y al decir de la Constitución es exclusiva del Estado (Art. 149 2ª). Han salido desde el Ministerio del Interior a decir que no se trata de una cesión integral sino más bien una cogestión pero en este asunto la condición de exégeta de Fernando Grande Marlaska da para lo que da a la vista de que negro sobre blanco el mencionado artículo es meridianamente explícito: "El Estado tiene competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo". Ante semejante escenario hay quien ha dicho que si cuestionan el interés que Sánchez tiene en tener contentos a los separatistas, estas dudas las puede afinar el Tribunal Constitucional. Pero está por ver. La cesión ha provocado el rechazo de buena parte de la opinión pública. Diversas encuestas -no las del CIS que no pregunta por este asunto- reflejan el repudio mayoritario a este tipo de componendas políticas que depositan en manos del prófugo Puigdemont asuntos que conciernen al conjunto de los españoles. Hartazgo ante el discurso xenófobo que se traduce en declaraciones como las de algunos de los dirigentes de Junts, empeñados en exacerbar las diferencias entre gentes que son vecinas. Uno de ellos ha llegado a proclamar que los jubilados catalanes, por el hecho de ser catalanes, son acreedores a percibir una pensión de mayor cuantía que el resto de los españoles. Sin asomo de rubor Pedro Sánchez les cultiva como socios poseedores de lo que para él es el grial de la legislatura: los siete votos de los parlamentarios separatistas de los que depende su estancia en La Moncloa.
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