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MADRID, 26 (OTR/PRESS) No hay memoria de un Gobierno tan asediado por los problemas. Si la política se rigiera por criterios éticos, sería difícil justificar la negativa de Pedro Sánchez a convocar elecciones, visto que no consigue apoyos parlamentarios suficientes para presentar los Presupuestos con arreglo al mandato que establece la Constitución. Lleva seis meses intentándolo sin éxito, pero con sus socios en el Gobierno -Sumar- y con el resto de los que le vienen sosteniendo desde la moción de censura, las cosas se le han complicado tras los acuerdos de Bruselas para incrementar las partidas dedicadas a Defensa. Con la excepción del PNV y Junts, el resto de las formaciones en las que se apoya Sánchez están todas situadas a la izquierda y algunas que son abiertamente comunistas permanecen ancladas en las añejas consignas del "No a la OTAN". El resultado es que el proyecto de Presupuestos está empantanado y, ante la inocultable situación de bloqueo, el mismo Sánchez que cuando estaba en la oposición le decía a Mariano Rajoy que si no conseguía presentar los Presupuestos lo correcto era convocar elecciones, ahora dice -y se queda tan ancho- que el bloqueo no tiene importancia y que lo que prima es la estabilidad. Si no los presentan es "para no hacer perder el tiempo al Congreso" -según la desahogada opinión de la ministra Portavoz Pilar Alegría. Así que lo que anuncian con desparpajo es que se prorrogarán los actuales y no pasa nada. Será por segunda vez, puesto que los actuales ya proceden de otra prórroga y fueron elaborados por un Gobierno diferente. Aunque el desaguisado es grande, Sánchez no admite que la realidad arruine su hoja de ruta para alargar como sea la legislatura y llegar a 2027. Lo de menos es que la estabilidad que el presidente aduce como excusa para no asumir la precariedad actual de sus apoyos tropieza con algunos hechos que la cuestionan. Tiene a cinco ministros dispuestos a votar en contra del incremento del presupuesto de Defensa; tiene al ministro del Interior censurado por el Senado y reprobado por el Congreso y con los policías y los guardias civiles manifestándose en contra; al de Justicia -censurado también en el Senado- con los jueces y fiscales de las asociaciones mayoritarias también en contra; al fiscal general del Estado, procesado ante el Tribunal Supremo y, en fin, a su ministro de Exteriores también cuestionado por los diplomáticos. Ante semejante panorama hablar de estabilidad parece una broma.
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