Las ejecuciones alcanzan su cifra más alta de la última década, según Amnistía Internacional

Arabia Saudí, Irak e Irán se sitúan a la cabeza con el 91 por ciento de las ejecuciones

Solo en 2024 fueron sometidas a la pena capital 1.500 personas en quince países de todo el mundo

La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que el uso de la pena de muerte ha crecido significativamente durante la última década hasta alcanzar su cifra más alta desde 2015, una práctica en la que países como Arabia Saudí, Irak e Irán se encuentran a la cabeza y que tiene como objetivo principal manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas.

En su informe 'Condenas a muerte y ejecuciones 2024', la ONG ha advertido de que el número de ejecuciones relacionadas con delitos de tráfico de drogas han aumentado, lo que supone una "violación de los Derechos Humanos". Así, han indicado que 1.518 personas han sido sometidas a la pena capital en quince países a lo largo de 2024.

Esta es la cifra más alta desde que se registraran 1.634 ejecuciones de este tipo hace ya diez años, la mayoría de ellas en países de Oriente Próximo. Sin embargo, estos casos se concentran cada vez más en un menor número de países, tal y como apuntan los datos recabados por Amnistía.

En este sentido, ha destacado que Arabia Saudí, Irak e Irán son los responsables del principal aumento de esta práctica. Solo estos tres países concentran 1.380 ejecuciones, si bien existen dificultades a la hora de obtener información sobre este tipo de casos en otros Estados --como China, Corea del Norte o Vietnam--.

China sigue siendo el país del mundo con mayor tasa de ejecuciones --se estima que a lo largo de 2024 se han registrado miles en el gigante asiático--, si bien esta práctica constituye un "secreto de Estado" y el Gobierno no ofrece datos al respecto. En Europa, Bielorrusia es el único país que hace uso de la pena capital, mientras que Rusia y Tayikistán han mantenido sus moratorias.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha insistido en que esta práctica supone un "crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual" y ha recordado que a pesar del "secretismo que rodea el escrutinio en algunos países, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada".

Los métodos utilizados van desde la decapitación (en Arabia Saudí) hasta la asfixia con gas nitrógeno (Estados Unidos), pasando por el ahorcamiento (Egipto, Irak, Irán, Kuwait, Singapur y Siria), la inyección letal (China, Estados Unidos, Vietnam) y armas de fuego (Aganistán, China, Corea del Norte, Omán, Somalia y Yemen).

Callamard, que se ha referido a esta práctica como "cruel, inhumana y degradante", ha explicado que Arabia Saudí, Irak e Irán concentran el 91 por ciento de las ejecuciones, la mayoría de ellas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el terrorismo.

Amnistía ha señalado que algunos dirigentes utilizan la pena de muerte "con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población". En Estados Unidos, que ha experimentado un constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19, se ejecutó a 25 personas (frente a 24 en 2023), recoge el informe.

El documento establece que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido en varias ocasiones su uso para "proteger a la población" de "violadores violentos, asesinos y monstruos". "Esto promueve un falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia", sostiene la organización.

La Administración del ahora expresidente Joe Biden mantuvo la moratoria temporal de las ejecuciones contra aquellas personas condenadas en virtud de las leyes de pena de muerte federales de carácter ordinario que había aprobado en julio de 2021. Sin embargo, durante el anterior mandato de Trump, sí se reanudaron las ejecuciones: entre julio de 2020 y enero de 2021 se hicieron efectivas 13 condenas a muerte tras un paréntesis de 17 años.

SILENCIAR A LA DISIDENCIA
No obstante, en algunos países de Oriente Próximo, las condenas a muerte han sido utilizadas para "silenciar a defensores y defensoras de los Derechos Humanos, a disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas". "Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz", ha afirmado Callamard.

El texto hace hincapié en el uso por parte de las autoridades iraníes de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado al poder establecido durante las protestas.

Por su parte, las autoridades saudíes han seguido utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií que reside en el país y que apoyó las protestas "antigubernamentales" que tuvieron lugar entre 2011 y 2013.

Asimismo, otros países como República Democrática del Congo (RDC) han anunciado su intención de reanudar las ejecuciones, una medida a la que también se han sumado las autoridades de Burkina Faso, que han abogado por restablecer esta práctica para penar delitos comunes.

No obstante, más del 40 por ciento de las ejecuciones que se llevaron a cabo en 2024 fueron realizadas de forma "ilícita" por delitos relacionados con las drogas, una cuestión que, según la normativa internacional, no es considerada de "mayor gravedad".

"Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas", ha subrayado Callamard.

Es por ello que ha recalcado que los dirigentes que promueven esta práctica para contener estos delitos están proponiendo "soluciones ineficaces e ilícitas", si bien ha aplaudido que cada vez sean menos los países que realizan este tipo de ejecuciones. En la actualidad, un total de 113 países han abolido por completo la pena de muerte, mientras que 145 cuentan con leyes para su abolición o han dejado de utilizarla en la práctica.

En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abole la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembro de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de un millar.

Asimismo, países como Bangladesh, Bielorrusia, Corea del Sur, Estados Unidos, Etiopía, India, Indonesia, Irak (incluida la región del Kurdistán), Japón, Kenia, Kuwait, Malasia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Taiwán, Trinidad y Tobago y Vietnam han registrado conmutaciones o indultos, mientras que otros, como Estados Unidos, Japón y Malasia han exonerado a algunos condenados.