Smotrich pide a Netanyahu que boicotee al jefe del Shin Bet a pesar de la orden cautelar del Supremo de Israel

El ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, ha pedido este martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que boicotee al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, a pesar de la orden cautelar del Tribunal Supremo, que ha paralizado su cese y ha dado a las partes hasta el próximo 20 de abril para que lleguen a un acuerdo sobre su destitución antes de que dicte sentencia.

"En lo que a mí respecta, a partir del (día) 10, Bar será el jefe del Shin Bet, con título y nómina, en virtud de la orden provisional del Supremo. Eso es todo. Nada más. (...) Exijo al primer ministro que no le convoque a audiencias, ni que colabore con él, ni que entable negociaciones con la fiscal general (Gali Baharav Miara) para llegar a un 'acuerdo de compromiso'", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha asegurado que "no queda otra opción que retomar pronto la reforma judicial", al considerar que "la continua erosión de la autoridad de un régimen democrático electo, por parte de un órgano no electo, sin controles ni contrapesos, que se atribuye poderes totalmente contrarios a la ley, debería preocupar a quienes temen por la democracia".

También ha reaccionado a la noticia el titular de la cartera de Comunicaciones, Shlomo Karhi, indicando que el Gobierno "debe obedecer la ley" porque "es una obligación de lealtad al Estado de Israel y sus leyes, no a una orden ilegal sin autoridad". Así, ha dicho que Bar terminará su mandato el 10 de abril. "Esa es nuestra obligación", ha zanjado.

El Gobierno nombró la pasada semana al excomandante de la Armada israelí Eli Sharvit como sucesor de Bar, quien fue cesado después de que el primer ministro sostuviera que había perdido la confianza en éste tras los ataques contra territorio israelí del 7 de octubre a manos de milicias palestinas.

La destitución de Bar ha sido criticada por la oposición y parte de la ciudadanía, que la considera como un castigo por la investigación del servicio de Inteligencia en la que revela una presunta trama de corrupción entre el Gobierno, Qatar y la financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).