El fiscal peruano que investiga a Keiko Fujimori denuncia una campaña en su contra tras ser apartado del caso

El responsable del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha denunciado un "campaña de demolición" en su contra y ha acusado a la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, de "silenciar" a los trabajadores del Ministerio Público, después de haber sido apartado durante seis meses por presuntas irregularidades en la investigación de la financiación de la campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

Pérez ha asegurado que el objetivo de esta suspensión de seis meses es su salida definitiva de la institución, un día después de que la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la Fiscalía le abriera un proceso disciplinario por supuestas irregularidades en la investigación de uno de los implicados en el caso 'Cócteles', el abogado de Keiko Fujimori, Arsenio Oré Guardia.

"Esta es una reacción de quienes han sido investigados y acusados", ha dicho en relación a la frustrada candidata presidencial y su partido, Fuerza Popular, quienes habrían pactado con el director de ANC, Juan Fernández Jerí, de acuerdo con unos audios, para sacarle de la investigación.

"Se ha permitido que Fernández Jerí actúe de manera impune en la institución (...) La actuación de la fiscal de la nación ha permitido que Fernández responda a una agenda política para afectar a la institución", ha señalado a Espinoza, a quien ha acusado de la "crisis institucional que se vive en el Ministerio Público", en una entrevista para 'La República'.

Su salida se produce en un contexto en el que se han ido conociendo detalles sobre un audio en el que el antiguo abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, pide a Fernández Jerí que suspenda al fiscal Pérez y después además de que se suspendiera el juicio oral a Fujimori por lavado de dinero.

La ANC sostiene que Pérez actúo contra el abogado Oré Guardia "a sabiendas de que se encontraba impedido legalmente para hacerlo", después de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de él, por lo que habría faltado a "su deber de perseguir el delito con independencia, objetividad y respeto al debido proceso".