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AF pide a García Ortiz abstenerse de proponer al fiscal que fijará criterio sobre el delito por el que le investigan | |||
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La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha instado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a abstenerse de participar en la propuesta de nombramiento para cubrir la nueva plaza de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, ya que tendrá que fijar criterio --entre otros-- sobre el delito de revelación de secretos por el que se investiga al jefe del Ministerio Público. Así se ha manifestado la AF en una carta dirigida a García Ortiz la víspera de que se celebre el Pleno de Consejo Fiscal donde está previsto que se proponga candidato de entre los seis aspirantes a la plaza, entre ellos el fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo; el fiscal del Tribunal de Cuentas (TCu) Carlos Castresana; la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell; y la fiscal decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, Virna Alonso Fernández. En la misiva, recogida por Europa Press, la AF reclama a García Ortiz que "no haga propuesta alguna de nombramiento para la plaza de fiscal de sala de delitos contra la administración pública, con el fin de que no comprometa más la imagen de la institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad". En concreto, invoca "el principio de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones democráticas y el principio de imparcialidad que sirve como presupuesto de la actuación objetiva de la administración pública" para "mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses particulares e intereses generales". La AF explica que, "de acuerdo con estos principios, constituye causa de abstención tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél, que concurre cuando la actuación administrativa para la que se predica la abstención puede producir consecuencias en la esfera jurídica del funcionario actuante o le puede reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal". Al hilo, recalca que "la causa de abstención no exige la influencia real y efectiva en el asunto, sino la mera posibilidad de influencia", apostillando que "no puede decirse que la posición del Ministerio Fiscal sea irrelevante en un procedimiento penal, con independencia de la presencia de acusaciones particulares o populares". Para la asociación, resulta evidente que García Ortiz tiene "un interés personal" en la provisión de este puesto porque a su titular le corresponderá intervenir en la causa abierta en el TS contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Es evidente que la persona que formalmente sea propuesta, puede adoptar, en el desarrollo de sus funciones, decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos, en la medida en que las decisiones y opiniones que proceden de las áreas especializadas de la Fiscalía, sin constituir doctrina de la Fiscalía General del Estado, ni considerarse jurídicamente vinculantes, sirven de guía de actuación", ha indicado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus. Y ello, ha añadido, "sin olvidar que entre la materia que deberá atender se incluye, en principio, el delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado el fiscal general del Estado". La AF razona, además, que "es indiferente el hecho de que el asunto penal que le afecta esté asignado a la teniente fiscal del Tribunal Supremo ya que, como cualquier fiscal, estará sometida a las directrices establecidas por el nuevo fiscal de sala en esta materia, que serán de obligado cumplimiento para cualquier representante del Ministerio Fiscal". APUNTA A UNA POSIBLE "VENTAJA PERSONAL" Así, la asociación asegura que, "sea con intervención directa en el procedimiento --por otra parte, una posibilidad inasumible--, sea de manera indirecta a través de directrices, informes y propuestas, 'le puede reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal'" proponer a la persona destinada a ejercer este nuevo cargo. A estas "razones jurídicas", la AF suma "un problema de apariencia de parcialidad", ya que, a su juicio, "no es admisible que un fiscal general del Estado pueda proponer el nombramiento del fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente o, en todo caso, que podría fijar los criterios de actuación en un asunto por el que está siendo investigado". "No resulta ni ético ni estético", ha remachado Dexeus en un comunicado. No obstante, la Asociación de Fiscales se muestra consciente de que tal propuesta de nombramiento legalmente solo puede partir del fiscal general del Estado, por lo que ve también "inevitable" eliminar este punto orden del día del Pleno del Consejo Fiscal previsto para el martes a fin de "contribuir a la mayor credibilidad" de la institución. |
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