HRW acusa a Israel de perpetrar "ataques indiscriminados" en Líbano que podrían constituir crímenes de guerra

La ONG pide a los aliados de Israel que suspendan "su asistencia militar y venta de armas" al país

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha acusado este miércoles a Israel de llevar a cabo "ataques indiscriminados contra civiles" en Líbano, en relación con dos bombardeos ejecutados en septiembre y noviembre de 2024 contra la localidad de Yunine que se saldaron con 33 muertos, entre ellos 15 niños, que podrían constituir crímenes de guerra.

"Cada vez surgen más pruebas de que las fuerzas israelíes fracasaron repetidamente a la hora de proteger a los civiles ni los distinguieron adecuadamente de los objetivos militares durante sus ataques en Líbano en 2023 y 2024", ha dicho Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano de la ONG.

Así, ha recalcado que "el Gobierno libanés debería facilitar la justicia a las familias de luto, incluso otorgando al Tribunal Penal Internacional (TPI) la jurisdicción para investigar y enjuiciar los crímenes (cometidos por Israel durante el conflicto)", sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

HRW ha pedido al Gobierno libanés que acepte la jurisdicción del TPI sobre este tipo de casos, después de que el anterior Ejecutivo decidiera en mayo de 2024 revertir la decisión adoptada un mes ates de permitir a la corte investigar y juzgar crímenes cometidos en territorio libanés desde el 7 de octubre de 2023.

De hecho, la organización ha afirmado en un comunicado publicado tras su investigación de dichos bombardeos que en al menos uno de los ataques se usó una bomba equipada con un kit de guía de Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM) fabricada en Estados Unidos, antes de resaltar que "los ataques deberían ser investigados como crímenes de guerra".

En uno de los ataques, perpetrado el 25 de septiembre, murieron 23 miembros de una familia, incluidos trece niños, todos ellos de nacionalidad siria. El segundo bombardeo, ejecutado el 1 de noviembre, mató a diez personas, incluidos dos niños, tras alcanzar una vivienda de dos plantas, sin que HRW haya hallado pruebas sobre actividades u objetivos militares en ninguno de estos lugares.

La ONG ha apuntado que también investigó un tercer ataque el 21 de noviembre en Yunine en el que murieron cuatro adultos, antes de agregar que se hallaron en Internet publicaciones describiendo a uno de ellos como un "mártir" del partido-milicia chií libanés Hezbolá, sin poder verificar su origen, y fotografías de su tumba indicando que podría haber sido un combatiente del grupo.

Los investigadores desplazados a Yunine, una localidad situada cerca de Baalbek (este), visitaron los lugares de entierro de los muertos en ataques israelíes contra la ciudad, incluidos combatientes y civiles, y revisaron fotografías y vídeos compartidos en redes sociales tras los ataques, además de entrevistar a diez personas para abordar estos bombardeos.

HRW ha incidido en que los análisis de los restos de armas hallados en los lugares atacados indican que el Ejército israelí utilizó una bomba aérea de propósito general de la serie MK-80 equipada con un kit JDAM de fabricación estadounidense. Los restos localizados en el lugar del ataque del 1 de noviembre también apuntan a que Israel usó una bomba de propósito general de la serie MK-80 en este caso.

PIDE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
Residentes entrevistados por HRW afirman que el Ejército israelí no advirtió a los civiles que evacuaran antes de ninguno de los ataques, un hecho que ha sido verificado por la ONG a través de una revisión de las publicaciones en redes sociales del portavoz israelí en árabe y los canales de Telegram en árabe del Ejército israelí, donde suelen compartirse las advertencias de evacuación.

Por ello, ha recordado que el Derecho Internacional Humanitario recoge que todas las partes en conflicto están obligadas a distinguir entre combatientes y civiles y a dirigir sus ataques sólo contra combatientes u otros objetivos militares, antes de apuntar que cualquier responsable de violar estas normas puede ser juzgado por crímenes de guerra.

HRW ha hecho hincapié en que Líbano y otros Estados miembro de Naciones Unidas deberían establecer una investigación internacional sobre violaciones de los Derechos Humanos cometidas por todas las partes en el marco del conflicto, desatado después de que Hezbolá iniciara el lanzamiento de proyectiles contra Israel un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Además, ha reseñado que la entrega de armas estadounidenses a Israel, que habrían sido usadas en repetidas ocasiones para perpetrar lo que aparentemente suponen crímenes de guerra, hacen a Estados Unidos "cómplice" del uso ilegal de este armamento, por lo que ha pedido a los aliados del Gobierno israelí que suspendan "su asistencia militar y venta de armas" al país.

"Los países que aún suministran armas a Israel, incluyendo principalmente a Estados Unidos, deben reconocer que su continuo apoyo militar, a pesar de la amplia evidencia de ataques ilegales, los ha convertido en cómplices del asesinato ilegal de civiles", ha recalcado Kaiss. "Las víctimas tienen derecho a justicia y reparación, y los responsables deben rendir cuentas", ha zanjado.