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Lo público es mío, lo privado también

Francisco Muro de Iscar
jueves, 1 de mayo de 2025, 08:02 h (CET)

MADRID, 30 (OTR/PRESS) Una vicepresidenta del Gobierno, catedrática de Derecho Constitucional y ahora presidenta del Consejo de Estado dijo un día que "el dinero público no es de nadie". Una ex ministra de Educación, ahora embajadora de España en el Vaticano aseguró que "los niños no pertenecen a sus padres". Hace muy poco, una ex diputada socialista, consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, nombrada a dedo, afirmó sin ruborizarse que para ocupar este cargo "no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, y, a veces, tener demasiados conocimientos es contraproducente".

El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, licenciado en Ingeniería Técnica Informática y Derecho, fue nombrado presidente de Correos con un sueldo de más de 220.000 euros y tras su mandato, marcado por el caos, dejó la empresa con unas perdidas de 1.000 millones, pese a lo que fue nombrado presidente de la Empresa Nacional de Autopistas, donde aún sigue. La ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, defendió con firmeza el final de la nucleares en España y ahora, con la misma firmeza, desde su puesto de vicepresidenta de la Comisión Europea defiende todo lo contrario... para Europa, un debate que se está hurtando con mentiras en nuestro país.

Beatriz Corredor, ex diputada y ex ministra socialista con Zapatero, brillante registradora de la propiedad, preside desde hace cinco años Red Eléctrica y Redeia, la principal responsable del gran apagón de estos días, con un salario de casi 550.000 euros anuales. Teóricamente es una empresa privada pero a Corredor la nombró y la mantiene Sánchez. El mismo que llamó a La Moncloa al ex presidente de Telefónica, otra empresa privada, para anunciarle su destitución y nombrar a dedo a su sucesor, con el paripé de la aceptación de otros accionistas, pero ignorando a los órganos de gobierno de la compañía "privada". Lo mismo sucedió en Indra donde primero echó al que estaba de presidente, colocó a un ex alto cargo socialista en su lugar y luego le reenvió a presidir Telefónica, poniendo a otro en su puesto.

Por Telefónica, por Red Eléctrica y por otras empresas públicas y privadas han desfilado ex ministros y ex altos cargos del PSOE, del PP del PNV o de otros partidos. Y Sánchez tiene un "fondo de reptiles" para asaltar otras empresas privadas con dinero público. En España hay más de 4.000 empresas públicas, un sinsentido, cuyos altos cargos, consejos de administración y cargos directivos son en buena medida políticos leales con el poder, sin conocimientos técnicos del sector, recolocados en el pesebre tras su paso por la polìtica y leales con quien los nombró. Pedro Sánchez lo maneja con mano de hierro y extiende sus tentáculos sin discreción sobre lo público y también sobre lo privado para garantizarse poder económico cuando ya no tenga el poder del BOE. Su número de asesores -otra manera de pagar servicios prestados o por prestar- se ha disparado como nunca en la democracia. Hoy los políticos que nos gobiernan y muchos de los que mandan en las empresas públicas tienen más asesores de imagen y "facilitadores" que científicos o expertos en la materia.

En ese entramado de abusos, carencia de rigor técnico, falta de explicaciones, confiscación y expropiación, los políticos pasan más tiempo como activistas que como gestores y pueden culpar a las empresas privadas -"solo lo público nos puede salvar"-, a los intereses económicos ocultos, al capitalismo furibundo, al Partido Popular, a la conspiración ultraderechista, a los jueces facha, a los pseudomedios o a lo que sea sin necesidad de rendir cuentas, sin que nadie devuelva el dinero robado o malgastado, sin asumir responsabilidades y sin que sea posible determinar de quién es la responsabilidad.

Es imprescindible abrir un debate público profundo sobre las funciones del Estado, sus atribuciones, la reforma de las Administraciones, el gasto público superfluo, el incumplimiento de la ley en el nombramiento de altos cargos de la Administración y de las empresas públicas y la responsabilidad incluso económica de los políticos y de los gestores. No deberíamos primar a Gobiernos incompetentes y populistas. Esta posibilidad del apagón total se venía anunciando desde hace años, había informes sólidos y todos los políticos y gestores eran conocedores del riesgo. No hicieron nada. Y ahora el presidente afirma que la culpa es de las empresas "privadas". Lo público es mío, lo privado también, salvo que me interese echar la culpa a quien no la tiene y eludir la propia.

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