Casado vuelve a confiar en el despacho de Rivera para el recurso contra la ‘Ley Celaá’

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular explicó este miércoles que el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la denominada ‘Ley Celaá’ lo está elaborando el despacho de abogados del expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

El líder del PP, Pablo Casado, se reunió hoy con la Plataforma Más Plurales, sindicatos y otras entidades educativas para presentar los ejes en los que basará el partido el recurso ante el TC contra la Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Ministerio de Isabel Celaá.

Desde el PP confirmaron que dicho recurso está siendo elaborado por el despacho de abogados Martínez-Echevarría & Rivera, que ya representó al PP en el recurso contra la ley de alquileres catalana.

El recurso del PP se basará en la defensa del español como lengua vehicular y en la libertad de elección de los padres para elegir el centro educativo para sus hijos. En total, el PP llevará ante el TC diez cuestiones incluidas en la ‘Ley Celaá’ divididas en tres apartados: la defensa de la lengua española, la libertad de elección y las cuestiones de procedimiento.

Durante la reunión con Más Plurales, sindicatos y otras entidades educativas, Casado trasladó que el PP seguirá “dando la batalla por la defensa de un sistema educativo vertebrado, de calidad y en el que se garantice la libertad de elección de las familias”.

En el PP subrayaron que están proponiendo soluciones frente “a los problemas que ha generado el Gobierno contra la libertad educativa, el uso del español y la merma en la calidad de la educación que representa la ley que se ha aprobado en el Congreso con el apoyo de los socios de investidura”.

En lo que atañe a la defensa la libertad, el PP se compromete a que las familias puedan elegir colegio público al margen de la zona en la que vivan o que puedan escoger la enseñanza concertada y tengan libertad para acceder a un centro de educación especial.

Para garantizar un sistema educativo vertebrado, el PP defiende el español como lengua vehicular, los currículos comunes en materias troncales y el refuerzo de la Alta Inspección frente al adoctrinamiento.

Con el objetivo de impulsar la calidad en la enseñanza, el PP aboga por una EBAU nacional, que no se pueda pasar de curso con asignaturas suspensas y que los docentes tengan un MIR de acceso y una carrera profesional.

Casado, que acudió a las dos manifestaciones contra la reforma educativa del Gobierno y ha mantenido reuniones con asociaciones lingüísticas en Cataluña en defensa del uso del español como lengua vehicular, aseguró que defenderá la libertad educativa y luchará contra el adoctrinamiento en las aulas, especialmente en lo relativo a los libros de texto.

Durante el encuentro, el presidente del PP indicó que cuando llegue a La Moncloa derogará esta ley “para mantener el sistema que garantiza la libertad y la equidad, bajando un diez por ciento el abandono y el fracaso escolar en los últimos cinco años”.

Igualmente, trasladó a sus interlocutores que en todas las comunidades donde gobierna el PP se paliarán los efectos de esta ley “adelantando la matriculación para garantizar la libre elección de colegio, ampliando los conciertos educativos, limitando los suspensos para pasar de curso y manteniendo las evaluaciones y el castellano como lengua vehicular”.

EJES DEL RECURSO

En esta cita con Más Plurales, sindicatos y otras entidades educativas, el líder del PP explicó que el primer eje sobre el que basará el PP su recurso está incluido en el apartado defensa de la lengua española y es el relativo a la “privación del castellano de su condición de lengua vehicular en la enseñanza”.

El segundo es el referido a “la designación de la asignatura lengua propia para referirse a la lengua cooficial”. Asimismo, dentro del apartado de libertad de elección incluido en la ley, el tercer eje que el PP recurrirá es el “monopolio de la prestación del servicio educativo por parte del Estado”.

El cuarto es el referido a la “vulneración del derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación especial y la previsión de un plan de integración de la educación especial en los centros ordinarios”. El quinto de los ejes se refiere a la “planificación de plazas escolares que prescinde de la toma en consideración de la oferta existente en centros públicos y privados concertados y la demanda social”.

El sexto es el relativo a la “exclusión del cobro por los centros concertados de contraprestaciones por actividades extraescolares y servicios complementarios”. El séptimo aspecto de la ley relacionado con la libertad de elección que el PP llevará ante el Tribunal Constitucional es la “obligación de cooperación de las entidades locales para la obtención de suelo solo para centros públicos”.

En octavo lugar, el PP recurrirá la “supresión de la enseñanza de la religión en condiciones equiparables a las demás enseñanzas fundamentales” y el noveno punto se refiere a la “privación de fondos públicos a los centros que aplican la educación diferenciada”.

Por último, Casado transmitió a los miembros de la plataforma Más Plurales que el PP también llevará ante el Constitucional el décimo de los puntos, que afecta a las cuestiones de procedimiento de la conocida como ‘Ley Celaá’, concretamente los “defectos en la tramitación y vicios en el procedimiento”.