El CGPJ conmemora que fue la primera institución en pronunciarse a favor de la Constitución el 23-F

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

Dos horas después de que un grupo de guardias civiles comandados por el coronel Antonio Tejero irrumpiera en el Congreso de los Diputados, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió en sesión extraordinaria en la que entonces era su sede, la sexta planta del edificio de la Audiencia Nacional situado en el número 1 de la calle de García Gutiérrez, para expresar su lealtad al Rey y su respeto a la Constitución. Fue la primera institución en hacerlo.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta, que con 25 años y recién ingresado en la Carrera Judicial era el vocal más joven del Consejo, que se había constituido apenas cuatro meses antes, dice que los miembros de la institución se “autoconvocaron” en cuanto tuvieron noticia de lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Federico Carlos Sainz de Robles, se encontraba en Palma de Mallorca, desde donde regresó a Madrid esa misma noche.

“Estábamos especialmente preocupados por la situación en el Juzgado de guardia de Madrid y en la entonces Audiencia Territorial de Valencia”, donde el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, había sacado los tanques a la calle y emitido un bando declarando el estado de excepción.

Martínez Arrieta también recuerda que, meses después del fracaso de la intentona golpista, el general Manuel Gutiérrez Mellad, que el 23-F formaba parte del Gobierno como vicepresidente para Asuntos de la Defensa y que, como el resto del Ejecutivo, se encontraba en el Congreso, visitó la sede del Consejo para agradecer la actuación del órgano de gobierno de los jueces y decir “que desde dentro (del Congreso) habían tenido noticias de que había una institución que no había sido puesta en jaque por los golpistas”.

El acta de la sesión plenaria extraordinaria del CGPJ de ese día dice lo siguiente: “Siendo las 20.30 horas del día 23 de febrero de 1981, se reunió, en sesión extraordinaria, convocada por su presidente en funciones, Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno Gamarra, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, al que asistieron los vocales Ecmos. Sres. D. Agustín Azparren Gaztambide, D. Adolfo Carretero Pérez, D. Gonzalo Casado Herce, D. Jaime Cortezo Velázquez-Duro, D. Juan García-Barbón Castañeda, D. Arturo Gimeno Amiguet, D. Eduardo Jauralde Morgado, D. José Ignacio Jiménez Hernández, D. José de Leyva Montoto, D. Jesús Marina Martínez-Pardo, D. Andrés Martínez Arrieta, D. Rafael Martínez Emperador, D. Jesús Ortiz Ricoll, D. Diego Palacios Luque y D. Fernando García-Mon y González Regueral, y actuó de Secretario el que lo es General del Consejo, Excmo. Sr. D. Blas Oliet Gil”.

Y continuaba, “es objeto de la reunión el deliberar sobre los gravísimos acontecimientos de que están dando cuenta los medios de comunicación y consistentes en la violenta ocupación del Congreso con ocasión de haberse reunido el Pleno de Diputados en sesión plenaria, con asistencia del Gabinete en funciones, lo que determina que el Estado quede sin Gobierno y sin una de sus Cámaras Parlamentarias”.

Se deja constancia que desde las 18.30 horas en que se tuvieron las primeras informaciones hasta el momento de iniciarse formalmente esta sesión, “no fue posible la reunión del Pleno por no existir el mínimo de vocales exigido por el artículo trigésimo tercero de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, decidiendo, no obstante, los asistentes en número inferior permanecer reunidos en previsión de adoptar las medidas más adecuadas a la situación descrita”.

También se deja constancia de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Federico Carlos Sáinz de Robles-Rodríguez, y el consejero Fernando Ledesma Bartret se encontraban en Palma de Mallorca en visita oficial en ese territorio judicial, “manteniéndose desde aquí con el presidente indicado varias conversaciones telefónicas para realizar el indispensable cambio de impresiones sobre los sucesos mencionados”.

Sobre las 21.15 horas, a propuesta del consejero Gonzalo Casado Herce y por unanimidad, se acordó “manifestar el Consejo su lealtad al Rey y el respeto a la Constitución, haciéndolo así saber a continuación mediante llamada telefónica al Palacio de la Zarzuela y minutos después exteriorizarlo a los medios de comunicación social a través de la agencia de noticias Europa Press”.

También se mantuvieron conversaciones telefónicas con el entonces presidente de la Audiencia Territorial de Valencia, Carmelo Quintana Redondo, “comprobándose la situación creada por el bando dictado por la Autoridad Militar de la Región”.

Alrededor de las 23.30 horas regresaron por vía aérea, de Palma de Mallorca, el presidente y el consejero que estaban de viaje, “incorporándose seguidamente a la sesión plenaria en unión de los consejeros que fueron al aeropuerto a recibirles. A partir de ese instante, preside esta sesión extraordinaria el Excmo. Sr. D. Federico Carlos Sáinz de Robles-Rodríguez”.

El acta continúa haciendo referencia al “ejemplar comportamiento” de los funcionarios que prestaban servicios en comisión en el Consejo, “que permanecieron prestando sus servicios y se negaron a abandonar la sede del Consejo hasta que se dio por terminada la sesión plenaria”.

“Se mantuvo reunido el Consejo hasta la una y treinta horas del día siguiente, veinticuatro, en que, informado el Pleno del Mensaje de S.M. el Rey, el presidente ordenó se levantara la sesión; de todo lo cual, yo el Secretario General, certifico”, concluye el documento.