MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía ha solicitado libertad bajo fianza de tres millones de euros para el productor José Luis Moreno una vez que ha pasado a disposición judicial en la Audiencia Nacional. El imputado se ha negado a acogido a su derecho a no declarar.
El ventrílocuo ha comparecido ante el magistrado Ismael Moreno por espacio de dos horas y en caso de acordar su libertad tendrían de plazo hasta le próximo martes, a las 15.00 horas, para depositar la fianza y eludir así la prisión preventiva.
Además de Moreno, han comparecido otras personas de las detenidas en la operación contra esta trama de desvío y blanqueo de capitales. Para ellas, el ministerio público también ha solicitado fianzas que en ningún caso superan los 200.000 euros. Se trata de Marta Dillet, para la que la Fiscalía pide 10.000 euros de fianza; Antonio Aguilera (200.000 euros) y Javier Villalba, que ha quedado en libertad avisado de las requisitorias que pesan contra él.
El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el encargado de investigar la presunta trama criminal dirigida por el productor al que imputa delitos de organización criminal, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales. Moreno fue detenido a primera hora de la mañana del pasado martes martes.
La ‘operación Titella’ (marioneta en catalán) lleva más de dos años investigándose en la Audiencia Nacional y está relacionada con la supuesta creación de un entramado de más de 700 mercantiles a través de los cuales la organización se apropiaría del dinero de créditos bancarios y privados que se gestionaban en esas empresas para que se les perdiera la pista, impidiendo que fueran reclamados por los prestamistas.
Hay cerca de medio centenar de investigados que habrían contribuido a estafar más de 50 millones de euros. La operación concluyó con detenciones y registros en empresas y domicilios de Madrid y Cataluña.
Los investigadores sospechan que Moreno contaba con la ayuda de varios directores de oficinas bancarias que le ayudaban a gestionar y conseguir líneas de crédito ICO, algunas de la cuales se habilitaron para sostener a las empresas durante la pandemia. La organización contaría con la colaboración de varios abogados y un notario. Las empresas recibirán los créditos y tras traspasar los fondos se declaraban insolventes y entraban en concurso de acreedores.
Los fondos así conseguidos se usarían para dar créditos con intereses de usura y blanquear así cantidades procedentes del narcotráfico. Algunas de las empresas de Moreno figuran en la lista de morosos con Hacienda.
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