MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal, con el fin de penalizar el acoso que sufren las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
La norma, impulsada por el PSOE, salió adelante por 199 votos a favor, 144 votos en contra y dos abstenciones.
La proposición de ley plantea adicionar un nuevo artículo en el Código Penal -el 172 ‘quater’- que incluya penas de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días para quien “hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando menoscabo en la libertad o intimidad de esta”.
También se establece la posibilidad de imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años, “atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho”.
Todas las penas previstas en este artículo, según la proposición de ley, “se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso”.
DEBATE
El debate estuvo marcado por el insulto que el diputado de Vox José María Sánchez profirió contra la diputada socialista Laura Berja –“bruja”- que desembocó en la suspensión del debate durante diez minutos luego de que aquél se negara a abandonar el Hemiciclo tras ser expulsado del mismo, tiempo tras el cual retiró el improperio sin llegar a completar del todo su conato de insumisión.
En su defensa de la propuesta, Laura Berja deploró que haya mujeres que se sean “acosadas y amenazadas al ejercer un derecho y a recibir una prestación de la cartera del Sistema Nacional de Salud”, lo que le dio pie a apelar a la conciencia de los legisladores para ayudar a quienes “nos están pidiendo ayuda”.
Tras recordar que la ONU considera que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son derechos humanos, proclamó que “intentar coaccionar a una mujer en la puerta de una clínica abortiva supone vulnerar sus derechos humanos”.
Ironizó con lo que sucedería si las campañas de acoso tuvieran lugar en las puertas de los hospitales contra las “vasectomías de los hombres”, para, a continuación, aseverar que “esto sólo se discute porque el aborto es un derecho de las mujeres”.
Laura Berja explicó que esta iniciativa equipararía a España con otros países, como Francia, Alemania o el Reino Unido, y añadió que las víctimas de las campañas de acoso ante las clínicas abortivas no son sólo las mujeres, sino también los trabajadores de dichos establecimientos.
Puso de manifiesto que los grupos que promueven estas campañas de acoso tienen una “proximidad ideológica” con Vox y el PP, a quien censuró que recientemente en el Parlamento Europeo se abstuviera en la votación para que la violencia de género sea definida como delito europeo.
“Las cosas que les pasan a las mujeres no son exclusiva de las mujeres, sino que suponen un ataque a la democracia”, concluyó.
Por su parte, María Ruiz Solás (Vox) argumentó el voto en contra de su grupo apuntando que el “grave delito” perpetrado por los grupos que actúan ante las clínicas abortivas es haber salvado “más de 5.200 vidas”.
Transmitió al PSOE que “lo que hay dentro de una mujer que se queda embarazada es un ser humano débil y vulnerable. Lo es siempre, cuando se quiere tener o cuando no se quiere tener”, al tiempo que propugnó que “nadie debería arrebatar” a los contrarios al aborto su “libertad” para “manifestarse de forma pacífica ante una clínica abortiva”.
Elevó el tono para argüir que “es un crimen matar a uno para salvar a otro; no es progresista eliminar las dificultades eliminando vidas humanas”, y para acusar a los socialistas de querer “penalizar a quien dice la verdad; quieren convertir en delincuentes a quien reza pacíficamente, a quienes confían en que sus rezos sirvan para salvar vidas”.
“Lo peor”, continuó Solás, es que el fin último de los socialistas es blindar a quienes “hacen negocio con la muerte”: las clínicas abortivas, y concluyó su intervención diciendo que Vox defiende “furiosamente que el derecho a la vida es el primero, el más sagrado y el valioso de todos los derechos”.
Laura Berja replicó a la intervención de María Ruiz Solás acusándola de “haber cuestionado el derecho al aborto” retrotrayéndose a postulados anteriores “como mínimo a 1975”.
GRUPOS
Por otro lado, Bel Pozueta (Bildu) adelantó el apoyo de su grupo a la iniciativa, si bien reclamó ser más ambicioso y reforzar la ley del aborto de 2010 para adaptarla a las necesidades de la sociedad de 2021.
Mikel Legarda (PNV) también se manifestó a favor reflexionado sobre el hecho de que, ante cuestiones que provocan “posiciones encontradas” en la sociedad, hay que ser “muy garantistas con quienes quieren ejercer un derecho, porque quienes se oponen aprovecharán las rendijas de la ley”, como ocurre con el acoso ante las clínicas abortivas.
Sara Giménez (Ciudadanos) avanzó el apoyo de su grupo sosteniendo que “las mujeres tenemos una serie de derechos reconocidos en nuestro país, y nadie debe señalarnos por ello. Basta de señalar a las mujeres”. No obstante, cuestionó que la forma más idónea de perseguir estas actividades sea a través del Código Penal, lo que le permitió sugerir que se haga mediante su inclusión en la ley de salud reproductiva.
Néstor Rego (BNG) apoyó la proposición de ley observando que “el derecho al aborto es una conquista del feminismo y de la democracia”, mientras que Iñigo Errejón (Más País), también favorable a la iniciativa, se preguntó que, si un diputado de Vox es capaz de comportarse en el Congreso como José María Sánchez, “¿qué no dirán a las mujeres que van a abortar?”, para, a continuación, exclamar que “los ultras no van a las clínicas a rezar, porque no van a salvar almas, sino a aumentar el dolor en un momento particularmente doloroso para las mujeres que han tomado una decisión particularmente difícil”.
Pilar Calvo (Junts) confirmó su voto afirmativo recordando que “el aborto no es un capricho feminista, sino una opción personal difícil de tomar, un derecho reconocido en una ley”, mientras que Pilar Vallugera (ERC) reafirmó que “somos las nietas y las hijas de las brujas que no pudieron quemar en las hogueras”. Tras avanzar su voto afirmativo, avisó de que “el fascismo”, mientras “habla bajito como si no pasara nada, al final nos va a pasar por encima y no nos vamos a dar cuenta”.
La diputada de ERC concluyó su intervención instando a la extrema derecha de Vox a manifestarse contra el aborto, “pero no contra las mujeres, porque eso es violencia machista, y es ruin, mezquina y despreciable”, al tiempo que atestiguó que la sociedad “no se merece un populismo que hace ‘casus belli’ de los derechos de las mujeres”.
Sofía Fernández Castañón (Podemos) confirmó el voto a favor de su grupo dejando caer que el Ministerio de Igualdad trabaja para reformar la ley del aborto de 2010. También espetó a Vox que “mientras ustedes miran a Hungría, nosotros miramos a las ‘pibas’ de Argentina; mientras ustedes miran a Polonia, nosotros miramos a Irlanda; mientras ustedes miran al pasado, nosotros miramos al presente y al futuro”.
El debate lo cerró María Teresa Angulo (PP), quien argumentó el voto en contra de su grupo con el pretexto de que el PSOE actúa con “hipocresía” y utilizando “de manera sectaria las instituciones con fines partidistas”.
Tras defender el derecho “a reuniones pacíficas” ante las clínicas abortivas y de acusar al PSOE de intentar perpetrar una “limitación sectaria de los derechos en función de la ideología de quien los ejerce”, afeó a los socialistas su “hipocresía” por “no impedir la humillación de las víctimas de ETA” a través de los homenajes a terroristas.
María Teresa Angulo culminó su intervención defendiendo que su grupo no caerá en las “trampas ideológicas” planteadas por el PSOE, pergeñadas como antesala de unas “políticas sectarias que llevan a la pobreza y al paro a las mujeres”.
Por último, consideró “inútil” la existencia del Ministerio de Igualdad y afirmó que, “si quieren defender los derechos de las mujeres, dejen de utilizarnos a las mujeres para sus fines políticos”.
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