Unidas Podemos achaca el rechazo de PP y Vox a reformar el artículo 49 de la Constitución a su miedo a tocar el ‘statu quo’

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés, que será la voz del grupo parlamentario este jueves en el debate sobre las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la reforma del artículo 49 de la Constitución, opina que estos partidos “se oponen no tanto al contenido como a reformar el ‘statu quo’ constitucional”, porque creen que “cualquier cosa que se toque es abrir el melón” de la Carta Magna.

Cortés se refirió así, en declaraciones a Servimedia, particularmente a los reparos expresados por la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien considera que “no es el momento políticamente oportuno” para reformar la Constitución, al no haber los consensos necesarios.

Por lo que respecta a Vox, quien adujo como uno de los motivos de su rechazo a reformar el artículo 49 y cambiar el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad” que la ley del aborto permita interrumpir el desarrollo de fetos con alguna malformación, Cortés cree que este partido “trata de introducir su agenda” y, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”, ha querido protestar por este tema concreto.

Muy al contrario, para Unidas Podemos “ya es hora de que se hiciera” esta reforma del artículo 49, e incluso “llega tarde”, porque fue una promesa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de 2005, luego reforzada por la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad que se promulgó al año siguiente.

Cortés celebra que, ahora, España “va a estar alineada con el derecho internacional” instaurado por esa convención, y corrige así el que esos documentos pactados a nivel mundial no se traspongan automáticamente al ordenamiento jurídico nacional. Respecto a una de las modificaciones concretas del artículo, defendió la eliminación del término “disminuidos” porque “la semántica importa en la construcción de la identidad” y “el Cermi ha venido impulsando un cambio en la nomenclatura”.

También entiende que la Constitución debe recoger una protección específica de las personas con discapacidad, “porque durante mucho tiempo ha habido un trato discriminatorio”, y se les ha dejado fuera de la vida pública, la educación, la cultura y los puestos administrativos. Esta asimetría justificaría ese reconocimiento particular, más allá del que asiste a todos los ciudadanos en general.