MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Consumo está “vigilante” y se encuentra ya “trabajando” y “en conversaciones” con el Gobierno canario así como con los cabildos de los municipios afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma con el fin de que los afectados no tengan que “preocuparse” por el pago de suministros no satisfechos, como los de agua o la electricidad.
Así lo anunció este miércoles el ministro del ramo, Alberto Garzón, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, a petición propia y de PP, Vox, Ciudadanos y EH Bildu para exponer los contenidos del anteproyecto de ley de modernización y régimen sancionador en materia de consumo e informar sobre las tarifas eléctricas y la nueva factura de la luz.
Garzón reiteró que hay “muchas personas que han perdido viviendas en La Palma” y que tienen relaciones contractuales previas de suministros que, recordó, “son contratos de pagos sucesivos que las empresas les siguen cobrando si no hay alteración”.
“Creemos que las empresas van a ser sensibles, pero tenemos que estar vigilantes ante esa cuestión”, advirtió, para, a continuación, incidir en que el Gobierno central está “en conversaciones” con la administración autonómica y con los cabildos “de todo tipo de color” de los municipios afectados con el fin de “ser capaces de que estas personas, de lo último de lo que se preocupen sea de las relaciones contractuales sobre un bien que ya no existe”.
"MEDIDAS RAZONABLES"
Por ello, consideró que se trata de “medidas razonables, que todo el mundo comprende y debe apoyar” para que los damnificados, a quienes mandó su “cariño y solidaridad”, puedan “reiniciar y reconstruir su vida lo antes y mejor posible” tras superar estos “momentos muy difíciles”.
A este respecto, valoró el “ejercicio de solidaridad enorme por parte del pueblo desde el primer minuto” así como el “ejercicio de responsabilidad pública muy notable” que han realizado las administraciones públicas e insistió en que su gabinete está “trabajando” en “determinadas medidas” para “incrementar la protección de las familias afectadas” de modo que, “en estos momentos tan difíciles y tan duros para ellas, de lo último que se tengan que preocupar es de cuestiones vinculadas a relaciones contractuales que, en muchos de los casos, no van a poder seguir siendo satisfechas, pero podrían seguir siendo cobradas”.
“En ese sentido, hay una serie de preocupaciones con este tipo de cuestiones que nosotros tenemos que resolver y usando, por supuesto, todos los mecanismos, desde la figura del consumidor vulnerable hasta los que procedan”, sentenció.
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