El Gobierno tiene “muy avanzada” la futura equiparación de las situaciones más severas de incapacidad como discapacidad

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Gobierno asegura que está “muy avanzada” la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para equiparar como éstas en el ámbito laboral a quienes tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez.

Así consta en una respuesta escrita del Gobierno consultada por Servimedia en la que responde a cuatro preguntas parlamentarias de diputados de Vox sobre medidas para evitar que las personas con discapacidad pierdan su empleo, ayudas a centros especiales de empleo, impacto de la pandemia sobre las personas con discapacidad y cifras de temporalidad entre estos trabajadores.

El Gobierno destaca en su respuesta que se encuentra “muy avanzada” la reforma de la citada ley, que recoge los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de que se equipare a efectos laborales como personas con una discapacidad igual o superior al 33% a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Según el Ejecutivo, esta modificación legal “pretende resolver” la situación producida a raíz de varias sentencias del Tribunal Supremo en los últimos años que derivaron en “la pérdida de la asimilación legal” de los casos de incapacidad laboral permanente más severos con la discapacidad en grado, al menos, del 33%.

“Esta situación está provocando mayores dificultades, añadidas a las ya existentes, en el acceso al empleo para las personas en situación de incapacidad laboral de Seguridad Social y de inutilidad para el servicio de clases pasivas, que han invertido su tendencia al alza en la tasa de empleo desde 2019”, reconoce el Gobierno, por lo que espera que la medida sirva para que no haya pérdida de empleo, “se reviertan los efectos negativos” de la falta de asimilación - agravados por la crisis-, “se dote de seguridad jurídica a su contratación” y se eliminen las dificultades que concurren en la actualidad para su incorporación al empleo.

El Ejecutivo destaca que el fomento del empleo de las personas con discapacidad se ha visto impulsado con la aprobación, en mayo de 2021, del decreto sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, que pretende incentivar la contratación de los inscritos en los servicios públicos de empleo como demandantes no ocupados que acrediten un grado del 20% de discapacidad intelectual reconocida oficialmente.

Sobre temporalidad, indica que el año pasado se registraron 91.397 contratos de carácter temporal a personas con discapacidad.

SUBVENCIÓN DEL COSTE SALARIAL

Por otra parte, el Gobierno recuerda que para 2021 se incrementó con carácter extraordinario las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, pasando del 50% al 55% la subvención del coste salarial que beneficia a los trabajadores “con especiales dificultades de acceso” al mercado de trabajo.

También indica que, en el marco de las políticas activas de empleo, a oportunidades de empleo se destinaron de forma global 611,1 millones para 2021, lo que supone un incremento del 16% respecto al año anterior. En estas políticas se prevén programas autonómicos de inserción laboral de personas con discapacidad y en algunos casos hay programas de subvenciones para ello.

Del mismo modo, el Gobierno incide en que organismos públicos como el ICEX dedicado al comercio exterior o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han firmado convenios de colaboración con asociaciones para la realización de prácticas formativas en itinerarios individuales de inserción laboral en sus centros, como parte de programas de iniciación laboral para personas con discapacidad, y se realizan campañas informativas dirigidas a los empresarios, particularmente a pymes, en materia de diversidad de la discapacidad.

En el acceso al empleo público por parte de personas con discapacidad, se establecen una serie de medidas de acción positiva para “prevenir o compensar las desventajas ocasionadas” por la discapacidad como la reserva de puestos de trabajo en la oferta, las adaptaciones y ajustes razonables en el desarrollo de procesos selectivos y en el puesto de trabajo o la preferencia en la elección de destino (en el caso de existir una situación de movilidad reducida o de dependencia personal).

Por último, recuerda que en el verano de 2021 se presentó un estudio sobre el impacto de la pandemia de covid-19 sobre las personas con discapacidad, investigación financiada por la Dirección General de Derechos de las personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que se analizan las consecuencias de la crisis sanitaria en la población con discapacidad.