El Gobierno ultima un régimen sancionador para las comunidades que no cumplan con el nuevo protocolo sobre centros de menores

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Juventud e Infancia ultima estos días con el resto de ministerios la elaboración de un régimen sancionador para las comunidades que no cumplan con el nuevo protocolo común que se apruebe y que unifique los criterios de acogida de menores migrantes, así como para elevar la calidad con unos estándares mínimos para proteger los derechos de los menores y acabar con lo que denominan "macrocentros".

El Ministerio liderado por Sira Rego mantiene reuniones estos días con el conjunto de ministerios para la aprobación de un decreto que desarrolle el reformado artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Según ha podido saber Servimedia, el Gobierno planea llevarlo al Consejo de Ministros "muy pronto" y para ello se afana estos días en desarrollar unos protocolos comunes que sirvan para todas las comunidades autónomas y que sean referencia a la hora de elevar la calidad con unos estándares mínimos para proteger los derechos de los menores y acabar con lo que denominan "macrocentros". Este último apunte, sostienen desde Juventud e Infancia, con la vista puesta en la Comunidad de Madrid.

Así, este decreto, sostienen estas fuentes, se lleva trabajando desde hace tiempo con agentes del sector y ahora le toca el turno a la aportación de los distintos ministerios para poner en común unos criterios con la vista puesta en la elaboración de un régimen sancionador que determine "unos estándares mínimos" en el sistema de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes.

Así, estos criterios marcarán la pauta a los distintos territorios en lo que se refiere al tipo de centro de acogida al que se trasladará a estos menores, las infraestructuras e itinerarios formativos y, sobre todo, respecto a las ratios sobre el número de menores.

En este último punto inciden desde el Ministerio, asegurando que lo que quieren conseguir es rebajar la ratio de menores acogidos por centro y también de trabajadores sociales asignados para evitar los denominados "macrocentros" donde "los menores no gozan de las condiciones mínimas de habitabilidad", critican.

ADVERTENCIA AL PP

Desde el Ejecutivo aseguran que las comunidades autónomas deberán cumplir con este régimen sancionador y recuerdan que deberán de seguir informando al Estado sobre las inspecciones, que seguirán recayendo en los territorios. Por ello, también prevén establecer mecanismos de coordinación entre administraciones, teniendo en cuenta que las competencias las ostentas las comunidades.

Así, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se insiste en que "las leyes hay que cumplirlas, con régimen sancionador o sin él", y señalan a las comunidades del PP asegurando que hasta ahora "no han puesto ningún tipo de facilidades". Después de que el principal partido de la oposición votase en contra de la convalidación del decreto en el Congreso, pactado con Junts, y que vio la luz con el apoyo de los socios del bloque de investidura, asumen que "es el preludio" de que "darán la batalla".

Otras fuentes del Ejecutivo advierten que "hay mecanismos jurídicos" para que se cumpla la norma y prefieren trabajar con el horizonte de que no se tendrá que acabar recurriendo a contenciosos-administrativos. De hecho, está convocada para el próximo 28 de abril una Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas para concretar las cifras de acogida de cada territorio y dimensionar sus plazas.

En caso de unanimidad, se podrán modificar los criterios establecidos en el decreto para ponderar la población, el PIB o el esfuerzo previo de acogida. Antes, en el Ejecutivo deberán cotejar con datos del Ministerio de Interior la información remitida por las comunidades para concretar su propuesta y ya desvelan que desde la Comunidad de Madrid o Extremadura se han proporcionado las cifras totales de acogida, en lugar de los picos máximos durante el último año, mientras que Aragón no trasladó información alguna.

"Estamos teniendo dificultades para homologar toda información que nos han dado porque hay mucha asimetría", reconocieron desde el entorno de la ministra Rego. Pese a ello, prevén que la conferencia aclare las cifras y que haya acuerdo. En el decreto se estableció un año de plazo para materializar las reubicaciones, pero desde el Ejecutivo apuntan al inicio de verano para arrancar el proceso. Un periodo transitorio, explican, para poder en marcha todos los mecanismos, incluidos los estándares de mínimos para homogeneizar los sistemas de acogida.