El juez Peinado prepara una nueva batería de diligencias por el caso de Begoña Gómez

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El titular del Juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, prepara una nueva batería de diligencias dirigidas a averiguar quién fue el responsable de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa dedicada a llevar la agenda personal y profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras tomar declaración por espacio de dos horas y medida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado miércoles, el juez planea impulsar nuevas diligencias y tomar declaración a otros trabajadores del complejo presidencial y esclarecer así si hubo delito de malversación en esa contratación.

En el momento en que Álvarez fue contratada, Bolaños era secretario de Estado de Presidencia, pero no era el responsable directo de las contrataciones. En su declaración, el ministro señaló a Raúl Díaz Silva como la persona que podría tener conocimiento sobre la procedencia de la propuesta de su contratación. Fuentes de la causa estiman que este cargo de Moncloa podría ser llamado a declarar como testigo próximamente.

Díaz Silva forma parte de la unidad de apoyo de la Secretaría General de Presidencia, y es una de las personas más cercanas al presidente del Gobierno, al que acompaña en viajes y reuniones.

Se puede avecinar, por tanto, una tercera visita del juez Peinado al Palacio de La Moncloa, tras visitar el complejo presidencial para tomar declaración a Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar, y a Félix Bolaños.

El miércoles, al término de la declaración de Bolaños, la representante legal de Vox, que ejerce la acusación popular en esta causa, aseguró que hay mucho que investigar en esta causa y adelantó que pedirá nuevas testificales.

UN AÑO DE INSTRUCCIÓN

Durante el año transcurrido desde que se inició la instrucción, el juez Peinado ha tomado declaración a 33 personas y ha realizado diligencias que suponen ya 15 tomos de sumario y cinco líneas de investigación distintas.

La primera de ellas se centraba en el presunto trato de favor a las empresas de Juan Carlos Barrabés con adjudicaciones de la entidad pública Red.es que habrían sumado 10 millones de euros. El empresario colaboraba con la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense. Esta línea está en vía muerta después de los informes de la Guardia Civil, que no detectaron irregularidades, y de la decisión de la Audiencia de Madrid de anular el registro efectuado en el domicilio de Barrabés.

La segunda vía por la que se investiga a la esposa de Sánchez tiene que ver con un supuesto delito de tráfico de influencias en la Universidad Complutense. El rector, Joaquín Goyache, explicó que Gómez daba clases en la universidad desde 2012, cuando su marido ni siquiera era diputado. Además, la Complutense indicó que hay medio centenar de casos en que este tipo de cátedras están en manos de personas sin titulación universitaria.

El juez también imputó al directivo del IE Business School Juan José Güemes por contratar a Begoña Gómez. El investigado explicó que la fichó en 2018, cuando Pedro Sánchez aún no era presidente del Gobierno.

Además, Peinado investiga a Begoña Gómez por un delito de corrupción en los negocios por la supuesta apropiación de una herramienta tecnológica impulsada por la cátedra que codirigía, en cuyo desarrollo participaron Telefónica, Indra y Google. La herramienta era de uso gratuito para las empresas y no generó beneficios ni para los desarrolladores ni para Gómez.

El juez también la acusa de apropiación indebida por supuestamente registrar a su nombre el software que desarrolló la cátedra. Pero el Registro de la Propiedad Intelectual ha confirmado que el software no está a nombre de Begoña Gómez.

Finalmente, Peinado investiga a Gómez por un supuesto delito de intrusismo profesional, que la Universidad Complutense ha desmentido, asegurando que le pidió a Gómez la firma de un pliego técnico, pero que su firma no tiene validez administrativa, sino un simple trámite interno.