MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá el 28 de abril con los responsables autonómicos del ramo para presentarles una propuesta con cifras concretas relativas al traslado de los menores migrantes que deben salir de Canarias y Ceuta.
Será en la primera conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia que se convoque tras la convalidación del Real Decreto-Ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias.
Este modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería a fin de permitir los traslados automáticos de menores migrantes entre comunidades autónomas cuando la ocupación en un sistema de protección alcance el triple de su capacidad.
Los primeros afectados por esta norma serían 4.000 menores acogidos en Canarias –incluidos unos 1.200 solicitantes de asilo- y otros 400 en Ceuta, aunque estos datos podrían sufrir alguna variación (es posible que algunos de estos adolescentes ya hayan cumplido la mayoría de edad).
CRITERIOS
Para ello, el decreto ley propone una serie de criterios objetivos y establece fórmulas para calcular coeficientes. El mayor peso en cuanto a la recepción de menores corresponde a la población de cada Comunidad (50%) y a continuación figuran parámetros como la renta per cápita de cada territorio, su nivel de paro y la diferencia entre las plazas disponibles y el número ideal que cada sistema debería tener, según un cálculo del Ministerio de Juventud e Infancia. Estos suponen un 13%, respectivamente.
Un 6% de los traslados dependerá del número de menores acogidos en cada comunidad en los últimos 6 meses (a mayor esfuerzo, menos menores) y otro 2% irá en función de la dispersión demográfica. La norma señala que el resto deberán viajar a territorios "no insulares" y que "no sean frontera".
Asimismo, el decreto ley establece cómo determinar la capacidad ordinaria de cada sistema de protección autonómico. Primero se divide la población de España entre el total de menores migrantes no acompañados que acoge, y después, el número de habitantes de cada comunidad será dividido entre dicho cociente. De ahí se obtendrá el número ideal de plazas que cada sistema debería ofrecer.
Para calcular todos estos datos, el Gobierno pidió a las comunidades autónomas información sobre sus sistemas de protección (número de plazas disponibles y menores acogidos). Este plazo de tiempo se amplió para que algunos territorios proporcionasen los datos que no quisieron facilitar, o sobre los que fueron poco precisos.
De no conseguirlo, el departamento que dirige Sira Rego recurrirá a los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior a fin de elaborar la propuesta que ha de presentar en la conferencia sectorial de Infancia. Aunque abierta a negociación, esta ya debería recoger cifras concretas sobre cuántos menores migrantes deberían ser trasladados a cada comunidad.
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