El fiscal general propone el nombramiento del nuevo fiscal con competencias en su caso con el rechazo de conservadores

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propuso este martes el nombramiento de cuatro nuevos Fiscales de Sala, entre ellos el nuevo coordinador de delitos contra la Administración Pública, que dictará el criterio a seguir en el caso por revelación de secretos por el que le investiga el Tribunal Supremo (TS).

García Ortiz hizo la propuesta desoyendo la petición que le hizo ayer la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo Fiscal convocado para este martes, que le había pedido posponer estos nombramientos en tanto no se resuelva la instrucción sobre el fiscal general.

El jefe de la Fiscalía eligió al exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Emilio Sánchez Ulled. Esta propuesta de nombramiento es discrecional y recae sobe la persona del fiscal general. Se opusieron siete de los doce vocales del Consejo Fiscal, cuya opinión no es vinculante y tiene carácter consultivo. Ahora la propuesta pasará al Consejo de Ministros, que lo ratificará en alguna de sus próximas reuniones.

El fiscal coordinador de delitos contra las Administraciones Públicas será el encargado de fijar criterio sobre la investigación por presunta revelación de secretos que tiene en marcha el Tribunal Supremo contra García Ortiz.

En total, el fiscal general del Estado informó este martes al Consejo Fiscal de siete propuestas de nombramiento, entre ellas las de los Fiscales de Sala de las Unidades Especializadas de Violencia contra la Mujer, Seguridad Vial, Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.

Para estas dos nuevas Fiscalías de Sala, García Ortiz propuso el nombramiento de Fernando Rodríguez Rey, como Fiscal de Sala Coordinador de Delitos Económicos, y Emilio Jesús Sánchez Ulled, como Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública.

Estas dos Fiscalías de Sala se crearon en el marco del Plan de Regeneración Democrática aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024. Su objetivo es reforzar la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción.

En un comunicado hecho público por la Fiscalía se indica que la especialización es un instrumento muy eficaz en la lucha contra diversos fenómenos delictivos, lo que redunda en beneficio de los derechos de víctimas y perjudicados.

Los Fiscales de Sala al frente de estas dos nuevas Unidades Especializadas coordinarán las actuaciones de los fiscales especialistas en todo el territorio nacional y unificarán los criterios de actuación, como los demás Fiscales de Sala de Unidades Especializadas que ya existen en la Fiscalía española. Al igual que estos, y a diferencia de los fiscales Anticorrupción, no tendrán competencia jurisdiccional.

Para la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, el fiscal general propuso el nombramiento de Mª Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal Superior de Asturias desde septiembre de 2024.

El hasta ahora Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega fue propuesto para ocupar la plaza de Fiscal de Sala de esta especialidad.

Además de las cuatro Fiscalías de Sala, García Ortiz informó también al Consejo Fiscal de las propuestas de nombramiento a distintas plazas en las Fiscalías del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (dos plazas).

Para la plaza del Tribunal de Cuentas, la candidata propuesta es Gloria Alonso Ballesteros, mientras que para la Fiscalía Anticorrupción los propuestos son Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez.

INFORMES

En la reunión del Consejo Fiscal celebrada hoy se analizó también el Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, y el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se crean Secciones de Violencia contra la Infancia Adolescencia en determinados Tribunales de Instancia.

Además, se presentó el proyecto de Instrucción que regulará el funcionamiento, competencias y criterios generales de actuación de la especialidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una vez consolidado su despliegue territorial. En la actualidad, esta área de especialización cuenta ya con una red de 49 fiscales especialistas, 45 de los cuales son delegados provinciales.

También se presentó otro proyecto de Instrucción sobre la celebración de las Jornadas de fiscales especialista y sus conclusiones.