MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo (TS) celebró este jueves la audiencia previa para estudiar la demanda presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por vulneración del derecho al honor y a la que reclama 40.000 euros. El asunto ha quedado visto para sentencia.
Ninguno de los dos, ni demandado ni demandante, tenían obligación de acudir al Supremo y no lo han hecho. En su representación han comparecido sus abogados. En el caso de la vicepresidenta la defensa corre a cargo de la Abogacía del Estado.
González Amador presentó una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor por unas declaraciones que la vicepresidenta realizó durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. El pasado 2 de octubre se celebró un acto de conciliación a la que la representación de Montero ni siquiera acudió.
La defensa de la pareja de Ayuso sostiene que las palabras de la vicepresidenta vulneraron la presunción de inocencia, puesto que el empresario no ha sido condenado por ningún delito, negó que hubiera comprado su casa con dinero defraudado y pidió que se considere como prueba en esta causa un argumentario del PSOE en el que se habría apoyado la vicepresidenta.
Por su parte, la Abogacía del Estado defendió que las expresiones vertidas por María Jesús Montero en el Senado están amparadas por la libertad de expresión y recordó que los datos que mencionó habían sido ya publicados profusamente por distintos medios de comunicación. Además, dijo que el derecho al honor de González Amador queda restringido porque se trata de alguien afectado por una causa penal con relevancia social.
Montero dijo en una sesión del Senado que la presidenta madrileña está viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda pública" y "con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de la pandemia".
Además, consideró "llamativo" que Díaz Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión".
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