Reclaman dar voz a los más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad que hay en el mundo

- Así lo manifestaron participantes en la conferencia ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La sociedad debe dar voz a los más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad que hay en el mundo, con el objetivo de que gocen de su derecho a una verdadera participación. Es una de las conclusiones de la mesa redonda ‘La participación de niñas y niños con discapacidad’ celebrada durante la Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’.

Se trata de una iniciativa, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y Obra Social Fundación La Caixa, que se clausurará esta tarde tras haber acogido un intenso temario ofrecido por expertos en materia de discapacidad y jurídica.

Así, una de las participantes, la experta del Reino Unido en derechos de las niñas y niños Gerison Lansdown, apuntó que "no se pueden definir los intereses superiores de los niños y niñas con discapacidad sin escucharles, sin conocer sus aspiraciones o ideas". "Si ellos participan, adquieren una mayor autoestima, se vuelven más confiados, aprenden más y se sienten más valorados", añadió.

Además, recordó el derecho del niño que establece la Convención de la ONU para expresar libremente su opinión y que se la tenga en cuenta, en función de su edad y madurez. Además, incidió en la necesidad de que los Gobiernos consulten a los menores sobre las medidas que les vayan a afectar, de la mano de las organizaciones que les representan.

En este sentido, la comisionada de Género del Cermi y miembro del Comité para la Convención de la ONU, Ana Peláez, también participante en la mesa, denunció que el Comité para la Convención de la ONU ha detectado que los Estados parte no consultan directamente a las niñas y niños con discapacidad, de cara a la aplicación en la normativa para hacer efectivo el tratado internacional.

Así, apuntó que "deplora la falta de información sobre la eficaz participación de las niñas y niños con discapacidad en todos los niveles de su vida, que se deben adoptar medidas para incluirles en todos los ámbitos de su vida, y que España debe adoptar políticas y programas que asegure el derecho a expresar sus propias opiniones".

Para Peláez, a España le queda un "largo camino por recorrer" en este sentido y recomendó partir de los principios y mandatos de la Convención y aplicarla directamente a toda la infancia con discapacidad. En su opinión, el movimiento asociativo tiene un “inmenso” compromiso en este aspecto, ya que no cuentan apenas con políticas de infancia, para lo que "sería recomendable crear grupos de trabajo para dar a conocer estos derechos y ofrecer mecanismos de participación".

Por su parte, la coordinadora de la Red de Niñas y Niños con Discapacidad del Cermi, Inés de Araoz, declaró que lo importante es "dar voz a las niñas y niños con discapacidad, ya que no se trata sólo de una necesidad, sino de un derecho muy relacionado con la autodeterminación". "Esto conlleva un cambio en la manera de ver las cosas y un proceso de transformación de las organizaciones, influenciadas por la Convención”, añadió.

En representación de Unicef España, Marta Arias apostó también por la participación de las niñas y niños con discapacidad, pero no sólo desde el punto de vista de beneficiarios, sino como agentes de cambio. Asimismo, resaltó el principio de equidad, es decir, poner el foco en sus derechos, "en todo momento, lugar y circunstancia".

Por último, el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de la Convención de Derechos del Niño, Jorge Cardona, indicó que no sólo hay que tener en cuenta a las niñas y niños con discapacidad en lo que respecta a decisiones individuales, sino que “deben ser escuchados colectivamente” y se debe procurar que ejerzan su derecho de participación en todos los ámbitos, facilitándoles apoyos y medidas específicas para garantizar su participación en condiciones de igualdad que el resto.