A mediados de diciembre y durante dos días consecutivos, Red Eléctrica tuvo que cortar el suministro eléctrico a la gran industria por la alta demanda invernal y la menor producción: nada de viento, poco sol y la parada técnica de la central nuclear de Ascó. El miedo era que el suministro no llegara a los hogares y a la Administración y se produjera el temido apagón. La Agencia Internacional de la Energía ya advirtió hace dos años en un informe que el empecinamiento en prescindir de la energía nuclear y el cierre de las 5 centrales operativas llevaría a España a un uso mayor del gas, puesto que las renovables no pueden satisfacer la demanda.

El pasado viernes, el Gobierno publicó la evolución del mercado de trabajo en diciembre y por tanto ya se pueden sacar conclusiones de la marcha de empleo y paro de todo el año 2024. Desde que se aprobó la reforma laboral de Yolanda Díaz y los cambios introducidos, no hay forma de tomarse en serio las estadísticas publicadas. El maquillaje, el lenguaje y la manipulación han logrado que los números estén distorsionados y que, una vez depurados, sean bastante más preocupantes de lo que aparentan. Por ejemplo, si hablamos de paro, el total de personas que no están ocupadas alcanzó al finalizar diciembre casi 3,1 millones, pero hay que añadir los tienen disposición limitada, otros no ocupados, los afectados por un ERTE o los fijos discontinuos que ya suman en torno a 750.000. Así, las personas registradas en el SEPE que no están ocupadas alcanzan la escalofriante cifra de 3,9 millones.

El INE publicó la semana pasada el comportamiento del PIB en el tercer trimestre del año. La economía creció un 0,8%. Sin embargo, este crecimiento se debe en nada menos que un 60% al consumo público, lo más poco saludable en una economía de mercado. De hecho, este lunes también el INE ha publicado que los españoles en ese mismo trimestre lo que decidieron fue ahorrar y consumir lo mínimo indispensable. Esta forma de actuar no se corresponde precisamente con un sentimiento de tranquilidad en el presente y en el futuro inmediato de la economía familiar. Y se compadece poco con las campanas al vuelo que el Gobierno y su mariachis pregonan.

Un año más el Gobierno se dispone a saquear a trabajadores y empresas. A pesar de que las arcas públicas están llenas, vamos para el quinto año de recaudación récord, no parece suficiente. Así que en 2025 subirán otros 12 impuestos y ya suman 93 desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. La luz, el tabaco, el ahorro o los alimentos básicos, cuyo IVA vuelve a situarse en el mismo tipo, por lo que estos alimentos nos costarán más de lo que lo hacían antes de la rebaja. Los hogares seguirán su espiral de empobrecimiento, ya que la vivienda, el mayor de los gastos, sigue su escalada sin que el Gobierno haya movido un ladrillo. Muy al contrario, medidas como la prorroga de prohibición de desahucios o el límite a los alquileres sacarán del mercado más viviendas y los precios seguirán subiendo.

Arruinar a la pequeña y mediana empresa parece que se ha convertido en la meta del Gobierno y especialmente de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Los impuestos, las cargas sociales, las subidas constantes y fuertes del SMI, la burocracia y ahora la reducción de jornada han provocado la publicación por parte de Cepyme de un informe demoledor que se refleja en una cifra alarmante de cierres y concursos de acreedores que se dispararon un 26% en los nueves primeros meses del año con relación al mismo periodo de 2023, marcando récords de los últimos 15 años.

La presidenta de la Comisión Europea se hizo estos días en Montevideo una bonita foto con los cuatro presidentes de los países que componen Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Han pasado 25 años de negociaciones, aunque aún que nada más y nada menos que el compromiso de todos los países que componen la Unión Europea, el visto bueno del Parlamento europeo y el de todos los países sudamericanos concernidos para que este acuerdo llegue al punto final. Son 700 millones de personas que en teoría se beneficiarán de una reducción de aranceles y parece que de nuevas normas medioambientales y de propiedad intelectual.