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Carmen Tomás
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No se podía saber

MADRID, 11 (OTR/PRESS) En julio de 2020, el Consejo Europeo autorizó la creación de los fondos Next Generation, la emisión de hasta 750.000 millones de euros de deuda en nombre de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia del Covid. De esta cantidad ingente de dinero, los estados recibirían una parte a fondo perdido y otra en prestamos que habría que devolver. Los fondos estaban condicionados a la consecución de una serie de reformas en áreas muy concretas. Se dijo entonces, que el proceso estaría sujeto a una fiscalización transparente. De hecho, todos los países debían crear programas para ese fin.

Sin embargo, en febrero de 2023, ante las numerosas quejas de las empresas por los retrasos, la pésima gestión y la falta de transparencia en la concesión de esos fondos millonarios, vino a España una delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, encabezada por su presidenta, Monika Hohlmeier. Ante las numerosas sospechas, querían saber qué estaba pasando con la gestión, la auditoría y el control del dinero. Tras su visita, la alemana se fue de España asegurando que no había conseguido saber dónde estaba el dinero, si se estaba utilizando para los fines planeados.

Dos años después de aquella visita y casi 5 años de la creación del fondo, el Tribunal de Cuentas europeo ha puesto el ojo en España y otros cuatro países al considerar que los controles han sido insuficientes y que el reparto del dinero no se ha hecho siguiendo las pautas que en su día se impusieron. Para el organismo europeo, no ha habido una correcta supervisión y el cumplimiento de las licitaciones es insuficiente. El resultado de este informe se veía venir. Las quejas de las empresas han sido continuas sobre el reparto del dinero. El Gobierno incluso retrasó la comunicación de los principales destinatarios de los fondos, y una vez se supo, se constató que el 80 por ciento del dinero asignado había ido a parar a empresas y organismos oficiales. Además, los porcentajes de dinero realmente ejecutados eran ridículos y en su mayoría no tenían nada que ver con los fines para los que habían sido pensados.

Ahora, obviamente hay que esperar a los resultados definitivos de la investigación del Tribunal de Cuentas europeo y a las consecuencias que puede tener. Pero, sí es un aviso que debería poner a la Comisión Europea en alerta para no caer en la tentación de hacer algo parecido con el fondo para el rearme europeo.

El acuerdo millonario al que llegaron los 27 países de la UE para aumentar el gasto en defensa y rearmar Europa trae de cabeza al gobierno de España. No sólo habrá que asumir la parte que nos corresponda de los 800.000 millones de euros, sino también el aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB. Cierto que aún faltan muchos datos sobre qué parte asumirá la Unión Europea y cuál cada país, pero es obvio que serán muchos millones de euros. Para España, el problema se complica al contar con Presupuestos Generales del Estado prorrogados, lo que no impide, el trasvase de partidas de gasto. Eso sí, parlamentariamente será más difícil convencer de que no pasa nada si se reduce el gasto en sanidad o educación por un bien mayor como es la seguridad del continente.

9 de marzo de 2025.

Los datos del mercado de trabajo de febrero publicados este martes apuntan una bajada del paro en casi 6.000 trabajadores y una creación de empleo que supera los 100.300 afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, se pierde contratación indefinida en favor de la temporal y lo preocupante y chocante: casi 4,5 millones de personas demandan un empleo. La paradoja, según apunta un estudio de Ramdstad, es que falta mano de obra en todos los sectores, mientras figuran en las listas de paro oficiales casi 2,6 millones de trabajadores, a los que hay que unir los que tienen un contrato fijo discontinuo inactivo y otros, lo que elevaría la cifra en casi un millón más.

5 de marzo de 2025.

El recibo de la luz vuelve a ser un quebradero de cabeza para los presupuestos de los hogares y empresas. Solo en enero y febrero, su precio ha subido un 80% al pasar de los 57 euros de media en ese mismo período de 2024 a 102,5 euros el megavatio/hora. Solo en febrero, el recibo se incrementó en un 170%. Cayó la contribución de la eólica y aumentó la hidráulica y la nuclear, con un 22,2%. Precisamente estos días, la Unión Europea ha pedido a España "limpiar" el recibo de la luz de costes regulatorios que poco tienen que ver con el consumo y que ahorrarían a los consumidores unos 16.000 millones. También modificar los impuestos, por ejemplo, volver a bajar el IVA del 21% en que el Gobierno ha vuelto a situarlo al 5%. Una iniciativa que cuenta con el visto bueno del PP, que en los próximos días presentará una propuesta en este sentido en el Congreso de los Diputados y a la que ya se ha negado el Ejecutivo.

2 de marzo de 2025.

La ministra de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas para abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la condonación de algo más de 83.200 millones de euros de deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En realidad, se trata de sellar el acuerdo al que el Gobierno ya ha llegado con ERC para que Cataluña una vez más salga victoriosa y privilegiada, al lograr el "borrado" de un 22% de su deuda con el mencionado fondo. Es decir 17.104 millones de euros, uno de cada cinco del total que se perdonará.

26 de febrero de 2025.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha puesto estos días de nuevo el dedo en la llaga. España está desaprovechando inversiones en distintos sectores por valor de 60.000 millones de euros. La razón es muy sencilla la potencia eléctrica solicitada ha sido denegada por falta de redes, a lo que hay sumar el desconcierto que el apagón nuclear crea de cara al futuro, ya que no ven asegurado el suministro de energía y a un precio asequible. Una máxima económica clara y de fácil comprobación es la de que un país que no es capaz de garantizar energía y a precios razonables se encamina al desastre.

23 de febrero de 2025.

La última subida del SMI aprobada por el Gobierno la semana pasada sigue provocando reacciones. A la decisión de que unos 570.000 perceptores tengan que tributar IRPF por primera vez, se ha sumado un informe de la patronal CEPYME en el que avisa de que su incremento en un 61% desde 2018 ha dejado en la estacada a unas 25.000 pequeñas empresas con uno o dos trabajadores, la pérdida 32.000 empleos y se han dejado de crear decenas de miles de puestos de trabajo.

19 de febrero de 2025.
 
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