Aunque pueda parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.

El gobierno acaba de aprobar un decreto con nuevas medidas encaminadas a tratar de reducir el precio de la luz y la respuesta de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico no se ha hecho esperar. Puesto que se puede encontrar su descripción y análisis detallado en otro lugar de este diario, evito comentarlas una a una y me limitaré a señalar los aspectos más generales que a mi juicio hay que tener en cuenta para valorar su pertinencia y posibles efectos.

Quizá la única ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las empresas.

Una de las ideas más interesantes que, a mi juicio, está difundiendo el nuevo candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, es la de humanizar la política. Estoy seguro de que muchas personas creerán que esa intención es solo algo poético, un poco de humo que se lleva el viento y nada que tenga que ver con nuestros problemas del día a día. Pero están muy equivocadas.

La tarifa eléctrica no se fija, como se quiere hacer creer, a través de un mercado libre que establece el precio del bien allí donde se cruzan demanda y oferta. El precio final que pagan los hogares y las empresas es realmente un precio administrado, el resultado de una regulación concreta, de una determinada voluntad del legislador que no responde a los costes que soportan las empresas.

El pasado 27 de julio, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, presentó un informe sobre las 54 auditorías que se han realizado sobre el llamado sector público instrumental de la Junta de Andalucía. Unas auditorías que responden al compromiso que tuvieron que asumir el Partido Popular y Ciudadanos para que Vox apoyara la investidura de Juan Manuel Moreno.

Desde que comenzó a forjarse el actual Gobierno andaluz con el apoyo explícito e imprescindible de Vox, esta formación de extrema derecha reclamó que se hicieran auditorías para demostrar que el llamado sector instrumental de la Junta de Andalucía era un conjunto de «chiringuitos» al servicio del PSOE.

Mantengo esta opinión menos sobre lo que puede ocurrir con las subidas de precios que ya han empezado a darse: no creo que vayan a ser tan temporales como se dice, creo que pueden extenderse al conjunto de la economía y, sobre todo, me preocupa que los bancos centrales utilicen, cuando esto se produzca, un remedio que sea peor que la enfermedad.