Ahora, dos años y medio después, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha presentado sus resultados resumidos en un informe titulado ‘Auditorías del sector público instrumental’. Sorprendentemente, el Gobierno tan solo ha publicado hasta ahora 33 de las 54 auditorías realizadas.
Por lo que indica el informe, las auditorías no han cuantificado el supuesto derroche millonario de todos esos organismos sino que se limitan a presentar sus resultados haciendo referencia a cuatro grandes problemas. Y, con independencia del análisis pormenorizado de estas auditorías que se podrá hacer una vez que se publiquen todas ellas, lo que muestra ese documento dista mucho de los juicios que ha venido haciendo la derecha andaluza sobre la gestión del PSOE cuando, solo o en coalición, ha gobernado Andalucía.
El primer problema analizado es la duplicidad de su funciones y competencias respecto a la administración general.
Según el informe del Gobierno andaluz, tan solo habría cinco entes en donde se produce esa duplicidad, lo que significa que el supuesto «gran problema» únicamente se da en el 9,2% de los 54 casos analizados. Aunque en las conclusiones, como veremos enseguida, se cambia de criterio y se dice que son 20. No sabemos si en las auditorías hay más entes con este problema pero es fácil deducir que, si realmente los hubiera, habrían aparecido igualmente mencionados en este informe.
El segundo problema que, según el informe, ha sido detectado por las auditoras es la mala gestión, pero también en este caso sorprenden los resultados. Tan solo se mencionan seis casos en donde se haya detectado, lo que significa que solamente habría mala gestión en el 11,1% de los entes estudiados, en el 6,5% del total de 92 existentes, o en el 1,8% si a estos últimos se les añaden los organismos en los que la Junta de Andalucía solo tiene una pequeña representación.
El tercer problema que, según dice el informe, han puesto sobre la mesa las auditorías es el relativo a los recursos humanos. Al respecto afirma que en el sector hay un «caos organizativo», una expresión muy contundente y muy poco propia del lenguaje de la auditoría, por lo que sería interesante saber si realmente ha sido utilizada por las empresas que las han realizado o si es producto exagerado del Gobierno andaluz, tan deseoso como está de poner en solfa la herencia socialista.
Lo curioso es, sin embargo, que el informe presentado por el Gobierno prácticamente se limita a señalar como fuente o expresión de este «caos» a la existencia de 66 convenios colectivos. Algo sorprendente porque su existencia nunca puede ser el resultado de un capricho sino de un imperativo legal y porque, lejos de expresar desorden, más bien indica que las relaciones laborales están claramente normativizadas.
En el terreno laboral señala el informe otros problemas como los sueldos por encima de los de la administración o del mercado en algunos organismos, la alta litigación contra la administración o la contratación innecesaria. Pero también en este caso lo cierto es que solo se vuelven a citar seis casos de organismos con irregularidades de este tipo (de nuevo el 11,1% de los organismos estudiados). Insistimos, es posible que las auditorías hayan encontrado más pero vuelve a ser sorprendente que, si fuese así, los redactores del informe no hayan utilizado los números «de infarto» que anticipaban los líderes de la derecha andaluza para demostrar, sin ningún género de dudas, su tesis sobre la maldad de los gobiernos de izquierda anteriores.
Finalmente, el informe indica que las auditorías han evaluado la utilidad pública de los entes del sector instrumental. Este sería el apartado, por tanto, en el que debería corroborarse la tesis original de Vox que luego hicieron suya el Partido Popular y Ciudadanos. Pero el informe vuelve a dar aquí una sorpresa pues señala que las auditorías tan solo consideran que carezcan de utilidad pública tres entes, a saber, el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, la Fundación Doñana 21 y la Red de Villas Turísticas de Andalucía.
¿Tanto bochinche como el orquestado por Vox, tantos insultos y acusaciones, tanta amenaza con las auditorías para que ahora las empresas auditoras tan solo reconozcan a tres entes de más bien poca monta como carentes de utilidad o beneficio público?
El informe hace referencia, por último, a las conclusiones y «recomendaciones más relevantes» de las auditorías y aquí es donde se comprueba finalmente que toda la campaña contra la administración «paralela» de los gobiernos socialistas que los partidos de la derecha andaluza han orquestado durante años es un auténtico bluf.
Según el informe de la Junta de Andalucía, las auditorías encuentran que hay duplicidades, como hemos dicho anteriormente, en 20 de los 54 organismos analizados, es decir, en poco más de la tercera parte, no en la totalidad, como se dice. Y, en todo caso, las auditorías no señalan, o al menos no lo advierte el informe, que eso sea un problema que deba obligar a extinguirlos. Otras seis entidades «podrían mantenerse con cambios leves», 14 deberían o extinguirse (1) o fusionarse o integrarse (13) y «habría que reconfigurar» otras 13, aunque –como prueba del desorden con que se presenta el informe– en este grupo se incluyen alguna cuya extinción se propone.
Y a todo lo anterior hay que añadir una última consideración. Según el informe, las auditorías se han realizado, como hemos dicho, sobre 54 de los 92 organismos o agencias que forman parte del sector instrumental, es decir, más o menos la mitad de todos ellos. ¿Alguien puede creer que las empresas auditoras contratadas por el Gobierno han dejado sin analizar precisamente a los que peor funcionan? Nosotros más bien tenemos la sospecha de que ha sido al revés, se ha auditado justo la parte del sector instrumental con mayores problemas de gestión. Pero ni siquiera así se puede decir, como hace la derecha, que TODO él sea ineficiente y que esté justificado o tenga fundamento el completo desmantelamiento que propone Vox.
A la vista de lo expuesto en el informe que estamos comentando, lo que se ha producido es un auténtico fiasco. El Gobierno andaluz, llevado de un prejuicio y de la presión de la extrema derecha, contrata a empresas privadas para que hagan una auditoría que tiene como objetivo realizar «una disminución generalizada de las entidades existentes» en el sector instrumental de la Junta de Andalucía, según dice literalmente el informe. Sin embargo, una vez realizadas las auditorías no se deduce claramente que esa sea la solución necesaria para la generalidad de los entes que lo conforman.
Quienes firmamos este artículo hemos defendido siempre que el dinero público se gaste con estricto rigor, con plena pulcritud y transparencia absoluta hasta el último euro. Aunque solo hubiera un ente con mala gestión o despilfarro, ya sería mucho en nuestra opinión, vaya eso por delante. En muchas ocasiones hemos reclamado reformas que impidan no ya la corrupción, sino el uso ineficiente del dinero público. Por tanto, no vamos a quitar importancia a la mala gestión, a las duplicidades funcionales, al descontrol o a la falta de justificación que pueda haber o haya habido en el sector instrumental de la Junta de Andalucía cuando ha gobernado el PSOE. Pero eso es una cosa y otra hacer creer, como ha pretendido hacer la derecha andaluza, que todo este sector es ineficiente, derrochador, carente de utilidad pública y que, por tanto, deba desaparecer por ser una creación demencial o corrupta del Partido Socialista.
Es el propio informe de la Junta de Andalucía que acabamos de glosar el que pone de relieve que ese tipo de problemas solo se produce en algunos casos y no con generalidad. Y, además, estaría por demostrar que ese mal funcionamiento o el sobrecoste que lleve consigo (una vez cuantificado) sea algo inherente a la naturaleza instrumental de esos organismos o si se debe a defectos que igualmente pueden darse en la administración general. Y que, por supuesto, hay que solucionar.
Con este informe, es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía quien demuestra que lo que vienen diciendo los partidos de la derecha andaluza sobre los anteriores ejecutivos del PSOE es una exageración, una verdadera infamia. Prueba de ello es, por un lado, que el propio Gobierno de la derecha no solo siga utilizando los organismos del sector instrumental de la Junta de Andalucía sino que haya creado otros nuevos. O, por otro lado, que en los últimos dos años y medio apenas haya reducido el personal laboral contratado por los 92 entes, pues tan solo ha disminuido de 28.981 a 28.443, es decir, 553 personas en toda Andalucía.
El ruido que durante estos últimos años ha levantado la derecha andaluza sobre este problema es una clara manifestación más de la mala fe y de la impresionante falta de ética que domina la política española.
Hay que reformar la administración pública andaluza, por supuesto que sí. Hay que acabar con las duplicidades, ineficiencias y sobrecostes innecesarios. Esa es también nuestra opinión. Y pensamos que criticar la gestión de los adversarios políticos no solo está bien sino que es obligado. Pero el diseño de esas reformas y esa crítica han de hacerse con honestidad y rigor y no a base de engaños y presunciones carentes de fundamento, como en el caso que hemos comentado. La derecha andaluza que se proclama tan patriota hace un flaco servicio a sus compatriotas cuando actúa de esta forma. Los andaluces y todos los españoles necesitamos un planteamiento más honesto de los problemas que efectivamente tenemos, más concordia y respeto a la verdad y al honor. Todo lo que contrario de lo que, en este caso, está haciendo la derecha que gobierna la Junta de Andalucía con el apoyo y la inspiración del extremismo de Vox.
