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La derecha española se empeña en hablar de ETA en campaña electoral, como si siguiera poniendo bombas, para que no se hable de los auténticos problemas de España. Por ejemplo, de lo que está pasando y va a pasar en los hospitales y las residencias de mayores en los que se está dejando que penetren cada día más los fondos de inversión llamados en inglés «private equity».
En 1989, el economista John Williamson habló por primera vez del «Consenso de Washington» para referirse a las ideas o principios de política económica que debían seguir aquellos países que quisieran ser bien acogidos y apoyados por las instituciones que tienen su sede en la capital estadounidense: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Tesoro de los Estados Unidos.
Los grupos de trabajo de Sumar, la plataforma impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, han propuesto la posibilidad de implantar en España una llamada «herencia universal» de 20.000 euros que recibirían todas las personas al cumplir 18 años, lo que tendría un coste anual de unos 10.000 millones de euros que sería financiado con gravámenes sobre el patrimonio y la riqueza.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo en enero de 2022 que la inflación en España se situaría a finales de ese año “por debajo del 2%”. En realidad, en diciembre de ese año fue del 5,7%. El gobernador, o bien no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando en la economía española o, si lo sabía y dijo otra cosa, engañó a los españoles.
Las autoridades de Estados Unidos y Europa no paran de repetir en los últimos días que el sistema bancario es sólido y que no hay que preocuparse porque están preparadas para evitar que pueda tener problemas. Es mentira. Los bancos de todo el mundo están quebrados por definición. Es materialmente imposible que puedan devolver a sus clientes el dinero que estos tienen depositado en sus cuentas por la sencilla razón de que no lo tienen.
En mi libro Más difícil todavía (Deusto Ediciones) que está en librerías desde hace un par de semanas demuestro cómo las autoridades económicas se equivocaron y no supieron darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con las subidas de precios que comenzaron a producirse a lo largo de 2021. Y explico también que más tarde, cuando ya no podían negar que la inflación se había desatado, volvieron a equivocarse a la hora de darle respuesta.
Lo que me parece más destacable de este último año de invasión de Ucrania y de guerra es que los responsables políticos de las grandes potencias hayan hecho suya una de las tres consignas que se encontraban escritas en la fachada del Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de George Orwell: «La guerra es la paz».
¿Ha oído decir alguna vez a algún dirigente político de la derecha que desea privatizar las pensiones públicas, la atención sanitaria o la educación? Seguro que no. Sin embargo, la presencia del sector privado en la provisión de ese tipo de servicios esenciales no hace sino aumentar cuando gobierna la derecha que dice que no pretende privatizar. En Andalucía en una sola semana se ha podido comprobar que es así.
Durante muchas décadas la inmensa mayoría de los dirigentes políticos de las grandes potencias han repetido una misma cantinela inspirada por los economistas convencionales: el proteccionismo es malo y lo mejor es que los países abran de par en par sus fronteras al comercio y a los capitales. Los economistas críticos (no necesariamente de izquierdas) han denunciado esa idea no sólo porque es falsa sino porque es lo contrario de lo que ellos mismos practicaban.
Unas recientes declaraciones del dueño de Mercadona, Juan Roig, diciendo que los empresarios son los que crean la riqueza, muestran el desconocimiento que gran parte de la clase empresarial española tiene sobre cómo funcionan realmente la economía y sus propias empresas.
Los bancos centrales de numerosos países están registrando cifras récord de pérdidas que suponen una merma de ingresos para los gobiernos y, en el peor de los casos, la necesidad de recapitalizarlos si continúan creciendo. Se habla poco de esto e incluso algunos de sus directivos le quitan importancia, pero la tiene y mucha.
Palabras pronunciadas el 31 de enero de 2023 en el acto de reconocimiento a Antonio Rodrígo Torrijos y José Manuel García Martínez, ambos objeto de una larga persecución política por parte de una jueza al servicio del poder económico.
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