Herencia universal: una propuesta que enreda y no soluciona mucho

Los grupos de trabajo de Sumar, la plataforma impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, han propuesto la posibilidad de implantar en España una llamada «herencia universal» de 20.000 euros que recibirían todas las personas al cumplir 18 años, lo que tendría un coste anual de unos 10.000 millones de euros que sería financiado con gravámenes sobre el patrimonio y la riqueza.

Los medios han señalado que se trata de una propuesta reciente de Thomas Piketty pero no es así. En realidad, la propuso Thomas Paine en 1795. Este último consideraba que la tierra es «propiedad común de la raza humana» y que, por tanto, la mejora o renta que pudiera obtenerse al cultivarla no podía separarse de la tierra misma. Por tanto, cuando un propietario la obtiene, le debe una parte de ella a la comunidad. Paine propuso generar un fondo para repartir esa parte que es de todos, dando un capital de 15 libras a quienes cumplieran 21 años y una pensión de 10 libras por año hasta la muerte a todos los que cumplían 50 años.

Con esas cantidades estimaba Paine que se compensaba al conjunto de la población por la herencia universal no recibida al instaurarse el derecho a la propiedad de la tierra. Y por ello decía «no es caridad sino un derecho, no generosidad, sino justicia lo que estoy suplicando».

Después de Paine han sido muchas las propuestas del mismo tipo y no siempre, como quizá se pueda creer, por parte de intelectuales de izquierdas. En 1989, Julian Le Grand propuso una dotación de 10.000 libras financiadas con el impuesto de sucesiones. En 1999 Bruce Ackerman y Anne Alstott propusieron un montante de 80.000 dólares para todas las personas de 21 años con diploma de escuela secundaria y sin antecedentes penales, financiada por un impuesto sobre el patrimonio. En 2000, Gavin Kelly, del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) del Reino Unido, propuso una subvención a cada ciudadano al nacer que se invertiría en una cuenta de ahorros o en algún otro vehículo de ahorro, cuyos fondos acumulados podrían ser utilizados por el beneficiario al cumplir los 18 años. Se implantó en 2003 pero se abolió en 2011. En 2015, Tony Atkinson proponía un capital de 5000 a 10 000 libras esterlinas para cada joven, financiado por un impuesto sobre los ingresos de capital de por vida. En 2018, el citado instituto británico volvía a realizar una propuesta parecida, aunque ahora basada en la creación de un fondo soberano. En las elecciones presidenciales de 2020 varios candidatos hicieron propuestas de este tipo en Estados Unidos y, ese mismo año, Thomas Piketty proponía en su libro Capital e ideología una dotación de 125.000 euros financiada con impuestos sobre el patrimonio a quienes cumplan 25 años.

En Inglaterra se desarrolla desde 1996 un movimiento que defiende una «herencia mínima básica de 10.000 libras para todos los ciudadanos británicos adultos jóvenes nacidos en el Reino Unido al cumplir los 25 años» financiada por el impuesto de sucesiones. Se contempla «como una gran idea meritocrática, comparable con la venta de casas de protección oficial de Thatcher, que redistribuirá la riqueza y empoderará a las personas», como «una política popular capitalista y meritocrática».

La propuesta de Sumar, por tanto, ni es novedosa (tiene más de dos siglos), ni radical (6,25 veces menos cuantiosa que la de Piketty), ni de izquierdas (la defienden también partidos claramente conservadores y procapitalistas).

La pregunta que hay que hacerse, sin embargo, es si la propuesta es útil, financiable y beneficiosa. Y es ahí donde yo creo que tiene sus flancos más débiles.

Es evidente, sin ninguna duda, que una persona que disponga de un determinado capital cuando comienza su vida activa podrá ejercer sus derechos y tener más oportunidades que quien no lo tenga. La cuestión es si proporcionar una determinada suma de dinero a esa edad es la mejor manera de garantizar derechos, oportunidades y bienestar a lo largo de la vida para todas las personas.

La ventaja de disponer de un cierto capital al llegar a una determinada edad es que permite llevar a cabo una inversión cuantiosa que permita mejorar las condiciones de vida, salir de la pobreza, generar fuentes de ingresos… Puede considerarse que constituye un trampolín, una especie de plataforma para dar un salto aunque, como señalaré enseguida, tiene el inconveniente de que nada asegura de que este sea exitoso y benefactor a corto, medio o largo plazo.

Una dotación de capital recibida como herencia universal también podría convertirse, si se desea, en una renta periódica. Aunque la dotación de 20.000 euros que propone Sumar equivaldría, como han señalado Jordi Arcarons y Daniel Raventós, a «21 euros al mes en 80 años, 28 euros al mes en 60 años, 34 al mes en 50 años, 42 al mes en 40 años, 56 al mes en 30 años y de 83 al mes en 20 años».

Sin embargo, la llamada herencia universal tiene también diversos inconvenientes, en sí misma y en comparación con otras propuestas que persiguen objetivos semejantes.

En primer lugar, para que una herencia universal tenga los efectos de oportunidad y liberación deseados es preciso que quien la reciba la utilice con buen criterio. Es obvio que puede usarse inadecuadamente, para realizar inversiones arriesgadas o sencillamente irresponsables.

Este inconveniente ha llevado a que muchas de las últimas propuestas que se vienen realizando vinculen la percepción del capital a determinadas acciones. Un instituto de investigación alemán, por ejemplo, propuso el año pasado establecer una herencia de 20.000 euros a los 18 años, pero dirigida a invertir en formación, compra de vivienda o iniciar un negocio. Un principio que no sólo plantea problemas relativos al reconocimiento de la libertad de uso de los recursos, sino otros de control y seguimiento. Nada garantiza que una inversión inicial en esos conceptos termine siendo efectivamente coherente con ellos, útil o adecuada y beneficiosa.

Es cierto que otros instrumentos, como la Renta Básica Universal, también pueden llevar consigo lo que pueda considerarse un uso inadecuado de los recursos pero, en ese caso, se trataría de algo mucho más fácilmente remediable y que, en todo caso, pondría en riesgo menor cantidad de recursos comunes. Además de ser más fácilmente financiable, conllevar menos costes de administración, proporcionar mayor seguridad y responder más fielmente al principio de hacer común el disfrute de los recursos comunes.

En segundo lugar, es también obvio que la utilidad de una dotación en efectivo recibida como herencia universal depende de circunstancias que son completamente ajenas a la persona que la recibe, como la existencia de crisis o procesos inflacionarios que la descapitalicen. Sus efectos benéficos pueden desaparecer de un momento a otro y sin remedio.

En tercer lugar, hay cierto acuerdo en que una herencia universal sería tanto más efectiva cuanto más cuantiosa sea, es decir, cuanto mayor sea su capacidad para proporcionar un cambio en las condiciones de vida. Aunque esto, lógicamente, la hace más difícilmente financiable. ¿Permite realmente cambiar de vida un capital de 20.000 euros en la España actual, una cantidad, como he señalado, muy por debajo de la que propone Piketty, a quien se quiere hacer padre de la propuesta más reciente y avanzada? ¿Sería útil como medio de acceso a la vivienda si no hay oferta social o de precio asequible suficiente? ¿Es mejor y más justo dotar de capital a los jóvenes que financiar becas para garantizar su acceso a la educación? ¿Es más eficiente dar esa suma de capital a todas las personas tratando de que algunas emprendan negocios en lugar de disponer de bancos especializados en financiar ese tipo de emprendimiento?

Me temo que el efecto final que puede tener el establecimiento de una herencia universal como instrumento de lucha contra la desigualdad y generación de riqueza y bienestar es, por tanto, bastante indeterminado. Al menos, en comparación con otras alternativas. Sobre todo, si al mismo tiempo que se aplica no se están cambiando las condiciones de entorno, formación, cultura, movilidad, valores… en que se mueven quienes vayan a percibirla.

Como bien decía Paine, la idea de la herencia o dividendo universal parte de un principio de justicia indiscutible, pero eso no garantiza que pueda garantizarla o que sea el mejor instrumento para ello.

Finalmente, creo que hay dos objeciones que se pueden poner a esta nueva propuesta.

En primer lugar, que no se haya presentado con un plan de financiación claro y bien construido. La experiencia nos ha enseñado lo difícil que resulta abrir debates rigurosos y convincentes en torno a las propuestas de rentas garantizadas en cualquier caso. Se argumenta en su contra incluso cuando las formas de financiarlas estén perfecta y rigurosamente cuantificadas, como viene ocurriendo con la Renta Básica Universal. Mucho más difícil va a ser que se consiga la comprensión de la propuesta y su apoyo cuando este aspecto queda en el aire o se presenta con escaso realismo, como me temo que es el caso.

En segundo lugar, creo que este tipo de propuestas vienen a incidir en un triple defecto que, a mi juicio, tienen las políticas que vienen proponiendo las diferentes corrientes de la izquierda. El primero, creer que se puede combatir la desigualdad mediante la re-distribución de los recursos, cuando lo imprescindible es modificar su distribución originaria. El segundo, confiar en que es políticamente posible y económicamente suficiente para resolver la desigualdad el quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres. El tercero, pensar que el bienestar y la vida digna de quienes menos tienen se consiguen simplemente dándoles más dinero para que se lo gasten en mercancías, cuando lo que se precisa es justamente lo contrario, construir espacios de desmercantilización y economía del común.

Hace un par de años, Thomas Piketty dijo en una entrevista a Le Monde que «la solución más sencilla para repartir la riqueza es la herencia para todos». Es posible que lleve razón, pero no suele ocurrir que las respuestas más simples y sencillas sean las más eficaces para resolver problemas complejos.