El tiempo es el mayor enemigo de la eficacia en la recuperación de deudas. Sin embargo, solo el 16% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura, de acuerdo con los datos recogidos en la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el que han participado los gestores de cerca de 600 empresas de todos los tamaños y sectores.

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de CESCE), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. Esta proporción está 9 pp por debajo de la del año pasado, cuando llegaba al 64%, aunque supera la de 2021, año en el que se quedaba en el 43%. En el 89% de los casos, el importe de estos pagos sin cobrar no alcanza el 5% de la facturación de las empresas, porcentaje inferior al 95% de la encuesta del año pasado.

En 2023, la economía española experimentó un notable dinamismo. El PIB aumentó un 2,5%, contrastando con el 0,4% registrado en la eurozona, y las perspectivas, aunque moderadas, siguen siendo favorables para 2024, con una previsión de crecimiento del 2,3%, según el Banco de España. No obstante, a pesar de este desempeño económico, los impagos en las empresas todavía representan un desafío persistente para su estabilidad financiera.

Según un estudio, en el que han participado cerca de 700 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, un 8% del tejido productivo trabaja con sus clientes por encima de los 90 días, el mínimo de la serie histórica desde que se realiza este estudio. Sin embargo, sólo el 51% de las empresas opera con plazos por debajo de los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, dos puntos por encima de los niveles de 2019.

A medida que los clientes piden plazos de pago más largos, o intentan renegociar los precios, las empresas necesitan dedicar cada vez más tiempo y recursos a asegurar sus ingresos. Así lo refleja la nueva edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum, presentada hoy a nivel internacional y que analiza la salud financiera y las previsiones económicas de las empresas de 29 países de toda Europa -entre ellos, España-.

Veinticuatro Procuradoras y Procuradores, han presentado a título personal, escrito ante el Tribunal Supremo, anunciando la interposición de Recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra el RD 307/22 de 3 de mayo por el que se modifica el RD 1373/2003 de 7 de noviembre por el que se aprueba el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales.

Se trata de una nueva normativa que entró en vigor a finales de 2020, la cual establece su obligatoriedad para empresas, despachos, asesorías o negocios autónomos cuyo domicilio fiscal se encuentre en el País Vasco.

Como aclara el Banco de España, cada entidad bancaria cuenta con la libertad de decidir el importe o precio que considera oportuno por prestar sus servicios, a excepción de las operaciones con gastos máximos establecidos por la normativa actual. También es importante indicar que hay gastos que no deberían cobrar las entidades bancarias y que podrían ser reclamados por los usuarios.