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Leo hoy, 29 de Julio, en el periódico La Nación, que Francia mantiene posturas antagónicas “en los extremos políticos” sobre una fiesta inaugural que no pasó inadvertida: el cuadro de la Última Cena, del que dio explicaciones también su coreógrafo. La Conferencia Episcopal Francesa se quejó de una presunta burla al cristianismo en relación a la teatralización de la mencionada Cena.
La noticia no me la podía creer: “Los obispos encargan una auditoría externa sobre los abusos sexuales en la Iglesia española, pero sin indemnizar a las víctimas”. La Conferencia Episcopal contrata al bufete Cremades y Calvo-Sotelo para evaluar las denuncias sobre abusos en la Iglesia, y asegura que se abrirán a casos pasados, aunque sin concretar si sólo aceptarán denuncias nuevas”.
La Iglesia católica dispone de diferentes agentes oficiales para desarrollar su misión a nivel institucional. Y entre estos se encuentra la Conferencia Episcopal cuya naturaleza y carácter se establece en el canon 38 del Decreto ChristusDominus sobre el ministerio pastoral de los obispos del papa Pablo VI en octubre 1965.
Cuando, en la actualidad, se quiere explicar lo que fue la Inquisición, se utiliza el “devenir de la historia social de Europa” como paraguas protector. Cuando, en el siglo XXI, se quiere justificar los “devaneos” de la Jerarquía religiosa, se utiliza, hipócritamente, una palabra “cuasi sacra”: prudencia comprensiva reparadora.
Los obispos españoles tienen todo el derecho a publicar unas orientaciones morales respecto a las próximas elecciones. Tanto los católicos como los que no lo sean, pero conozcan estas orientaciones, podrán ignorarlas o tenerlas en cuenta a la hora de votar.
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