Como la lluvia fina que parece que no, pero cala hasta los huesos: el mensaje es claro, quieren que acabemos pensando que “lo que nos viene encima es irremediable”, que los recortes que van a dar en el Estado del bienestar de aquellos que todavía tienen la suerte de tener una nómina, son absolutamente necesarios.

Da igual quién gobierne, da igual que fuera Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy o el actual egocéntrico Sánchez, porque la economía sumergida ha existido y existe, y tiene muchos números para seguir existiendo e ir incrementándose. En España, más del 70% de la economía sumergida la ejercen gentes de fuera, de otros países.

Acaba de publicarse un informe de la OCDE en el que se muestra que el 60% del empleo mundial se encuentra en la economía sumergida, un porcentaje que llega al 90% en los países de bajos ingresos. Decir que se está empleado en la economía sumergida no significa solo que se trata de empleo “informal”, como se dice en los informes oficiales. Equivale a empleo ilegal, a condiciones de trabajo insalubres, mal remuneradas, sin protección social y, en definitiva, sin derechos.

La economía sumergida o informal consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación fiscal y social del Estado, tipo de fraude absolutamente transversal que practican desde los millonarios que desvían su dinero a paraísos fiscales hasta los que trabajan en negro o que manipulan facturas para no declarar todo lo que ingresan.