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Vacío y soledad, dos palabras que parecen prenderse, coserse en el hilo del concepto rural, ese en el que se unen las historias de las piedras vacías de calles y plazas de pueblos que por la geografía de España tiritan de frío y caen en la locura del silencio, de la falta de ruido ensordecedor de los niños y niñas o del trajín de la vitalidad de la gente que en ritmo vertiginoso antaño hicieron su vida y desarrollaron su trabajo en los mismos pueblos ya grises de esa España vacía que se muere lentamente. Y es que, hoy de los más de 8000 municipios que conforman eso que denominados estado , la mitad con una población inferior a mil habitantes se encuentra en riesgo de desaparición en los últimos años como consecuencia directa de un país ,en donde el 93% del espacio es rural y sobre el que tan sólo vive el 20% de la población. Es así, la otra cara de la moneda, la de la ultradensidad de las zonas urbanas y costeras la otra realidad con la que convive la España del siglo XXI , esa en donde la contaminación permanente en dichas zonas es un hecho plausible y en donde el sueño de una vida de comodidad aleja a los jóvenes del concepto ruralizado de vida sobre en el que por décadas han recaído significaciones negativas vinculadas al propio fracaso del desarrollo personal de quien no es capaz de salir del pueblo para lograr el éxito allende los mares, en las capitales de España y el mundo.
Algo lógico, si cabe ante la falta de oportunidades laborales para aquellos jóvenes que más allá del trabajo agrario buscan otro enfoque en lo que a su carrera profesional y laboral se refiere. Así y si bien el derecho a emigrar, a abandonar la ruralidad en busca de la oportunidad de la cosmopolita urbe, es un derecho de quien decide hacer ese viaje en muchas ocasiones de no retorno, la responsabilidad de tomar medidas para frenar la hemorragia de la despoblación representa una obligación por parte de quienes tienen el poder ejecutivo y legislativo para hacerlo. No por menos, las consecuencias negativas de este fenómeno para el conjunto de la nación obligan de manera urgente a ejecutar acciones urgentes y necesarias. No por menos, la pérdida de capacidad de desarrollo agrícola en la mayoría del territorio objeto de despoblación, el envejecimiento de la población en las zonas rurales o el impacto aún más negativo del cambio climático en las zonas con estas características unido a los desafíos que una sobrepoblación de las zonas urbanas o costeras tendría hacen que como estado se deban trazar acciones que actúen de manera urgente sobre la raíz del problema. Y todo ello, con medidas que impulsen la repoblación de las zonas rurales a través de propuestas de diversificación profesional en dichos territorios, de acciones de puesta en valor de los valores saludables del ámbito rural y por supuesto acciones económicas con inversiones productivas en procesos de emprendimiento agroindustrial, sostenible y alimentario o que favorezcan el impulso del turismo rural, así como el apoyo a modelos de teletrabajo que permitan a los jóvenes asentarse en dichas zonas.
Medidas estas que junto a las de una fiscalidad especial para las zonas rurales y quien vivan en zonas objeto de repoblación aparezca el atractivo impositivo de cambiar el asfaltado por la tierra. Pero junto a estas medidas la inversión pública en infraestructuras de comunicación y redes aparecen como vitales en la interconexión de la ruralidad a la globalidad, siendo este otro atractivo fundamental para quien desee desarrollador su modelo de vida en una zona rural. En definitiva, la lucha contra la despoblación se escribe desde el desarrollo de las estrategias integrales de repoblación que impulsadas desde todas las administraciones públicas deben coadyuvar a que este fenómeno sea frenado. El tiempo dirá si fuimos o no capaces de devolver la sonrisa y el sonido a las calles de piedra de España.
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