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La ciudad condal y las secuelas de la burbuja
En un artículo del 2007, el arquitecto Josep Maria Montaner afirmaba como el modelo Barcelona empezaba a mostrar las grietas, no solo por la dinámica de desarrollo de los últimos veinticinco años, sino también por la obsolescencia de los patrones socialdemócratas que habían dominado durante casi un siglo la idea de ciudad. Es un hecho irrefutable que las metrópolis y las grandes capitales ya no pertenecen al contexto regional y nacional, en cambio, son el ombligo de un complejo de tendencias e intereses financieros y económicos que modifican su estructura estética y ética, es decir, su rostro, cuerpo y alma.
Hoy en día, Barcelona sigue afectada por las secuelas del shock inmobiliario, hijo antes de la burbuja (1997-2007) y luego de la crisis (2008-2013), de hecho, acaba de manifestarse otro pinchazo de los precios de venta y alquiler de pisos y locales, en particular, a partir de 2014, se ha producido un progresivo calentamiento del mercado del ladrillo que ha llegado a niveles de locura en el año 2016, y que no da señales de agotamiento en el bienio 2017-2018. Entrando en los detalles, la ciudad ha visto subir sus alquileres del 7,4% en 2014 (12,5 euros/m2), del 22% en el 2015 (15,3 euros/m2), un 16,5% en el 2016 – con un precio promedio de 17,9 euros/m2 que ha “dejado atrás los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria” – mientras que, en el 2017, se ha registrado una imperceptible bajada (-2,4%), situando el precio promedio a 17,5 euros/m2, y por último, en el 2018, los arriendos de viviendas se han estabilizado (-1%) a unos 17,3 euros/m2. Es evidente que los portales inmobiliarios tienen un fuerte interés en difundir estadísticas en alza para estimular el aumento de valor de los pisos, sin embargo, se está enfrentando una especulación en que no cabe el terrorismo mediático, es decir, que el fenómeno no procede de las previsiones de crecimiento de los precios en el futuro, basadas en las tasas de aumento en el presente y en el reciente pasado (factor psicológico). Por lo tanto, el desorbitado precio de compraventa y arriendo se ha generado por motivos reales, que se concretan en un complejo de factores estructurales del mercado que incluye:
1. una fuerte concentración del patrimonio inmobiliario determinado por la crisis; 2. una falta de oferta, en línea general, de viviendas para alquilar, y en particular, en los barrios donde hay un exceso de demanda; 3. una proliferación de mercado negro, que genera minipisos abusivos (estudios, sótanos, semisótanos, porterías, pequeños almacenes, locales y bajos sin cédula de habitabilidad)ix y ofertas ilegales por habitaciones;
4. una carencia de viviendas protegidas, que se junta a las escasas inspecciones de las autoridades sobre las mismas, determinando ventas y arriendos que son ilegales, puesto que no pertenecen al mercado libre durante un periodo concertado.
Sin embargo, en esta amplia lista falta la causa principal, además de ser la prueba irrefutable de la irresponsabilidad social empresarial y política en la última década. Los españoles que vivían en alquiler antes del desplome inmobiliario eran solo el 7%, mientras que ahora, teniendo en cuenta que muchos de ellos han perdido su vivienda en propiedad por impago de unas cuotas (de uno a tres meses) de prestamos hipotecarios, son casi el 22,9% (datos Eurostat 2017), porcentaje que se agranda en realidades como Madrid, Barcelona y Valencia. Inevitablemente, esta coyuntura, hasta hace unos años desconocida, ha originado un desequilibrio en el mercado de pisos en alquiler, con una oferta insuficiente para absorber toda la demanda existente, por lo cual se ha encaramado el precio medio a nivel nacional (10,6 euros/m2), con un incremento del 9,3% interanual (datos 2018). En este contexto, Barcelona, como mencionado antes, con su valor promedio por metro cuadrado (17,3 euros) y con la mitad de los distritos con precios superiores al año anterior, se consolida como la urbe más cara, incluso llegando a precios por encima de la media en zonas centrales, como Ciutat Vella, que a pesar de tener barrios calificados de problemáticos (El Raval) ronda los 18,9 euros/m2, y otros como Sant Martí (18,5 euros/m2) y Eixample (17,9 euros/m2).
Liquidar el asunto como normal, argumentando que en la zona euro, la así llamada UE de los 19 Estados, el porcentaje de residentes que vive en alquiler es el 33,9%, es difundir una información engañosa, porque hay que completar el dato con la consideración de la tasa de sobrecoste de la vivienda por régimen de tenencia, o sea, la incidencia del alquiler sobre la renta de los que cogen un piso firmando un contrato a precio de mercado. Las cifras son inequivocables, en España, en el 2017, se ha registrado una tasa del 42,1%, una barbaridad que la coloca en la tercera plaza, solo detrás de Grecia (83,9%) y Lituania (42,5%), claramente, la situación empeora en las grandes ciudades, donde la sobrecarga se pone entre el 50% y 60% de la renta. Además, otro dato de gran importancia, es la correlación del alquiler con el umbral del riesgo de pobreza, en este caso, en la tierra de Don Quijote la tasa llega al 9,8%, un dato que la sitúa en cuarta posición precedida por Grecia (39,6%), Alemania (14,5%) y Luxemburgo (10%).
La ordinaria pobreza de la disputa electoral y una desfasada gestión
El destino de millares de habitantes atrapados en una frenética búsqueda de un lugar donde vivir dignamente, es una cuestión crucial que tendría que ser el eje del debate político, más que el desatinado combate, cuerpo a cuerpo, entre nacionalismo e independentismo, atornillados en un odio reciproco que, día a día, manifiesta una absoluta falta de propuesta para solucionar las necesidades reales y urgentes de las personas, y que les está convirtiendo en mercaderes del rencor, aprovechándose de las masas y de las manifestaciones populares para favorecer intereses personales, familiares y de camarillas. Tanto la ambigua postura de Manuel Valls, que con sus abstractas declaraciones en materia de vivienda, solicita una indefinida colaboración público-privada dejando en aire el tema, como la negativa de los partidos independentistas catalanes, ERC y PDeCAT, al apoyar un proyecto presupuestario que por primera vez, desde 2009, preveía medidas para aumentar el gasto destinado a la política social (+12.600 millones con una subida de las pensiones entre el 1,6% y el 3%, en el caso de las mínimas y no contributivas, y del salario mínimo de 700 a 900 euros), son la representación de una clase dirigente desprevenida a la que no le importan los aprietos cotidianos de los desfavorecidos.
Al mismo tiempo, no se comprende si el PSC y Barcelona en Comú tienen la misma idea del PSOE y Podemos en materia de vivienda. Durante meses, el gobierno de Pedro Sanchez ha discutido de la posibilidad de abaratar el precio de los alquileres, imponiendo un agraviamiento de los impuestos sobre los inmuebles vacíos, desafortunadamente, la medida ignora unas informaciones fundamentales y puede desembocar en una desacertada solución. Ante todo, se necesita averiguar el efectivo número de pisos accesibles y arrendables, en este sentido, hay una discrepancia entre los datos proporcionados (Censos de Población y Viviendas, 2011) por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima en 3,4 millones las viviendas vacias, y las principales inmobiliarias, que aunque asegurando que ya se ha llegado a 3,8 millones, dan a conocer que alrededor de 1,5 millones de esas ya han entrado en el mercado con propuestas de venta y alquiler, sin encontrar aún una correspondiente y satisfactoria demanda. A tal información se agrega la evaluación del estado de conservación de los pisos, como se aprende a través de las notas de prensa del INE (abril del 2013): “El 21,4% de las viviendas vacías están en edificios construidos en los últimos diez años. El 40,4% de las viviendas vacías tiene menos de 30 años y el 70,3% menos de 50 años. El 29,7% de las viviendas vacías tienen, por tanto, 50 o más años”.
Dicho de otra manera, se censan en muchos casos fincas y edificios a los que les faltan los parámetros adecuados para ser alquilados, puesto que se encuentran abandonados o en condiciones deficientes (10,6%), ruinosas (1,1%) y malas (3,3%). Lo peor del informe es lo que concierne Cataluña y, en particular, Barcelona, en esta área, al igual que en la Comunidad de Madrid (9,6%), Baleares (12,1%) y el País Vasco (8%), los apartamentos desocupados han disminuido tocando el 11,6%, elemento que destaca la imposibilidad de contar con estos en distritos de fuerte concentración urbana. En sustancia, la mayoría de moradas abandonadas, como en Japón, se ubica en zonas internas despobladas con vocación agrícola y pastoral, comarcas marginales con elevada tasa de desocupación y baja capacidad atractiva y regiones ya perjudicadas por migraciones masivas (Galicia 18,6%, La Rioja 18%, Murcia 16,6%, Castilla – La Mancha 16,3%, Extremadura 16,2%, Comunidad Valenciana 16%, Castilla y León 15%, Andalucía 14,6%). De hecho, analizando con mucha atención, se releva que el porcentaje más alto de casas vaciás se registra en seis comunidades autónomas que aparecen entre las diez primeras regiones por desempleo (3° Extremadura 23,1%; 4° Andalucía 21,3%; 6° Castilla – La Mancha 16,2%; 7° Murcia 15,8%; 8° Comunidad Valenciana 14,3%; 10° Galicia 12%; referencia año 2018). No es por pura casualidad que donde hay mucha oferta de pisos no hay demanda y donde hay fuerte demanda de pisos casi no hay oferta. Es un atolladero social en el que se encuentran muchas naciones europeas, cuyas principales ciudades sufren desde hace unas décadas un proceso de latinación, que va quitándoles poco a poco los patrones de un desarrollo metódico para imponer una crecida desproporcionada, con todos los problemas que eso conlleva (calentamiento global, superpoblación, polución ambiental, contaminación atmosférica, acústica, del agua y del suelo, atascos, empeoramiento del entorno y de la calidad de vida, hacinamiento y conflictividad social, aumento de la tasa de delincuencia por delitos de robo, hurto, contrabando y trapicheo de droga).
Es obvio que no se está pidiendo a Valls (Ciudadanos), Colau (BComú), Maragall (ERC), Bou (PP), Collboni (PSC) y los otros que aspiran a postularse a la alcaldía, solucionar problemas globales, pero tampoco se puede aceptar una agenda del debate huérfana de su fundamental hilo conductor, dicho de otra manera, ya no se trata de enfrentar asuntos sueltos sino el proyecto de una capital que sigue echando sus residentes para convertirse en un desmedido y grotesco centro comercial, perdiendo sus raíces identitarias. Es fundamental partir de este tema básico y luego incubar ideas para plantear una Barcelona que en cambio de padecer una visión corta del futuro, lo gestione con un diseño urbano osado y “econológico” (desarrollo económico y tutela del medioambiente dentro de una lógica vanguardista).
El reto ya esta delineado en documentos oficiales, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las metrópolis pueden salvar el planeta si llegan a limitar el despojo ambiental con una correcta planificación de los servicios y el ahorro de recursos fundamentales, visto que se considera ineficaz e ilusorio resistir al avance de la urbanización. Si en 2000 había 18 megaciudades con un número de habitantes superior a los 10 millones, entre estas el Área metropolitana de Londres y la de Nueva York y el Gran Tokio, se prevé que en 2030 seis de cada diez personas se asentarán de forma permanente en centros urbanos, así que llegarán a acoger 5.000 millones de individuos, es decir, el 58% de la población mundial (estimada en 8.600 millones). Se trata de un proceso de crecimiento liderado por países de África y Asia, sin embargo, no se debe olvidar que Europa, América Latina y Caribe y América del Norte representan, con respectivamente el 74%, 81% y 82% de residentes, los continentes más urbanizados del planeta. Por consecuencia, parece problemático avalar la tesis de los que, como el economista Jover, presentan como plausible un enfoque de región metropolitana, afirmando que “no todos cabemos en Barcelona”, de hecho, los individuos se trasladan donde encuentran oportunidades y no en los enclaves en que les quieren ubicar o apartar, sería una causa perdida con desperdicio de dinero público, como demostró el gobierno nipón, que a pesar de cinco años de incentivos fiscales y ayudas, no consiguió repoblar las zonas rurales y las periferias de las megaurbes. El gran desafío es que los centros urbanos empiecen a producir una parte de lo que consumen y a generar ingresos de sus desechos, en definitiva, se abre una nueva etapa en la que transfiriendo prácticas y actitudes características de la vida en el campo, se determine una benéfica ruralización del entorno urbano, ofreciendo la posibilidad de socializar y reinventar espacios cívicos de manera saludable y rentable. El tiempo de la economía circular ya llegó, las muchas erres de su plan de acción (recuperar, reutilizar, reparar, reducir, recoger, reciclar...) o se llevarán a cabo en las grandes ciudades y megaciudades o no se realizarán, por lo tanto, cualquiera que se presente en la elección para ocupar el cargo de alcalde, debe tener conciencia del papel de la ciudad en el inmediato porvenir. Barcelona, por rol, cultura e historia, merece gobernantes que estén a la altura de sus expectativas.
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