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Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a 10 personas en un macroperativo antiterrorista por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Además de los arrestos, han sido citados a declarar 12 investigados no detenidos y se han practicado 14 registros (8 en domicilios y 6 en sedes mercantiles). Han participado en la operación más de 350 agentes de diferentes unidades policiales (Información, GEO, UIP, TEDAX, GOIT, Guías Caninos y Policía Científica). La investigación ha contado con la colaboración de Europol, que ha desplazado dos Oficinas Móviles a España, así como de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.
La organización estaba dirigida por un clan familiar que presuntamente se ha servido durante años de una estructura empresarial legal para ocultar operaciones ilícitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban importantes cantidades de dinero. Un entramado de empresas con las que generaban facturas falsas de forma masiva.
Los expertos en financiación del terrorismo de la Comisaría General de Información han logrado desentrañar un sistema financiero clandestino basado en la falsificación de facturas, conceptos y registros. Los detenidos detraían supuestamente dinero de cada operación legal sustituyendo el importe real de la operación en la factura por otro de menor valor. Dicho dinero iba a parar a una “caja b” administrada por miembros de la organización.
Las investigaciones apuntan a vínculos familiares de los cabecillas con miembros de Al Qaeda en la región siria de Idlib. También señalan que gran parte de este dinero “b” era remitido a esta zona para dar sostenimiento y apoyo económico a las milicias terroristas que allí subsisten.
El dinero era enviado por los miembros de la organización utilizando diferentes sistemas. Desde el uso de “correos humanos” que trasladaban el dinero de forma ilegal eludiendo las regulaciones del blanqueo de capitales, al envío de maletas con dinero oculto, remesadoras y sobre todo empleando la hawala, sistema de envío de dinero no reglado que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios para transferir los fondos al país deseado.
En abril de 2018 los detenidos lograron activar una vía de transporte de mercancías para sus negocios en la ruta Damasco- Hama- Idlb y Turquía. Un paso sólo practicable para aquellos con contactos directos en las milicias terroristas que controlaban la zona y que ponían los medios necesarios para que los efectos de los detenidos y las personas que ellos determinasen llegaran a destino.
Uno de los arrestados, y miembro del clan que dirige la organización, fue detenido en Siria en 2008 y condenado por su participación en un atentado y su integración en la organización terrorista yihadista Fatah al Islam. Tras cumplir condena regresó a España para integrarse en los negocios de la familia.
Como parte de la dinámica de blanqueo de capitales, los detenidos “lavaban” parte del dinero que detraían ilegalmente engrosando otras facturas o simulando actividades mercantiles para introducir en el circuito legal cantidades que estaban en “b”.
Tráfico de compatriotas sirios para sus fines ilegales
Los investigados se aprovechaban de sus compatriotas y su difícil situación en Siria para emplearlos en la organización delictiva, favoreciendo con ello la inmigración clandestina. Además, usaban sus empresas para activar el sistema de cartas de invitación a través de contratos falsos. Muchos de estos ciudadanos eran utilizados después como “correos humanos” para introducir ilegalmente dinero en Siria.
Esta organización se encuadra presuntamente dentro de una macroestructura financiera internacional de naturaleza clandestina que tiene como objetivos la grave desestabilización del sistema económico capitalista occidental y el sostenimiento y apoyo a organizaciones terroristas yihadistas a Al-Qaeda y afines.
La operación la han desarrollado investigadores de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Toledo y Valencia y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Número SEIS y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
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