La sangría continúa. Según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, 115 familias fueron desahuciadas diariamente durante el año 2012. De estas, un total de 30.034 fueron de primeras viviendas. En una extraña, retorcida y regresiva involución de los acontecimientos, las víctimas de este recetario de “mala praxis”, como bondadosamente lo denominaría el dictamen tecnocrático y financiero, se han convertido en nazis y fascistas. Sin ningún rubor la secretaria general del Partido Popular –PP-, mostrando la firmeza que le faltó para describir la situación laboral del extesorero de su partido, eleva su discurso a la vejatoria discrecionalidad de denostar a un movimiento ciudadano pacífico y reivindicativo. Sólo es entendible como fruto de la inoperancia política, el consentimiento afín y la consideración de la propiedad privada como un bien aislado, disgregado, sin vínculos sociales de corresponsabilidad. Un producto con el que, como las preferentes, los bancos y cajas se proveyeron de un súbito enriquecimiento y financiación, que ahora se vuelven a cobrar con los lanzamientos.
La coacción moral debe formar parte de la sociedad. No se trata de la aplicación de instrucciones morales que constriñan a los ciudadanos. Pero sí de construir una sólida conciencia cívica que afee, señale y malogre, entre otros males, la corrupción. Y defienda, sin género de dudas, los derechos humanos. Los valores humanos no son moneda de cambio. De ahí que sea necesario accionar dispositivos que la hagan reaccionar –la conciencia cívica- frente a la ominosa indiferencia. El hostigamiento psicológico que aducen los políticos para criminalizar esta simbólica acción, contrasta con la encomienda de los poderes públicos, a instancias de poderes privados, para ejecutar el desalojo de familias. Si la igualdad es un bien preciado, y no tan común como se desearía, en los desahucios se torna triste desgracia. No hay mayor recelo ni cargo de conciencia en expulsar de su núcleo y entorno a niños y mayores. Hay un sometimiento a la absurda descomposición social. El sedentarismo del ser humano se institucionalizó con la techumbre, con el espacio de convivencia de la familia. Y esperanzadoramente es ésta la que refrena la exclusión social y estabiliza, con no pocas dificultades, el desequilibrio emocional de muchas personas. Y, sin embargo, se encuentra amenazada.
Son las personas jubiladas las que con su pensión suplen la falta de ingresos de sus hijos. Incluso acogiéndolos en su casa. Esta amenaza es consecuencia de intereses espurios. Como lo son los que representan las entidades financieras, que atesoran el mayor volumen excedentario de pisos y que no ceden en su cerril y egoísta perversión de propinar el castigo inmerecido a su deudores de arrebatarles su casa. En la misma semana que el Gobierno de España aprobaba el decreto de las preferentes, para el abono a los afectados de una parte de la estafa cometida por los bancos y cajas –destinatarios de la refinanciación europea-, la comunidad autónoma de Andalucía lo hacía con otro, en el que incluía sanciones a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías y la posibilidad de expropiación para familias sin recursos. Propuesta apuntada en su momento por el Defensor del Pueblo Andaluz. Dos planteamientos diferenciadores de la voluntad política en cuanto a la aplicación de la justicia social.
La imputación de la Infanta Cristina sigue terciando como giraldillo entre vientos judiciales. Las corrientes son contradictorias. Lo que no lo es tanto es la interferencia del Jefe del Estado, cuando comunica su sorpresa por los acontecimientos judiciales que tocan de lleno a su descendencia. Pero, ¿no era la ley igual para todos...?. Acaso, ¿no insistía en que la familia real debiera tener una conducta ejemplar...? ¿Dónde quedan, entonces, el espíritu y la verdad de tales afirmaciones...? Da la impresión que la pretensión es añadir más presión a las decisiones judiciales, al manifestar su disgusto por la imputación que sufre su vástago. Es comprensible que cuando Urgandarín impulsó la Fundación Cultura-Deporte-Integración Social pensara lo mismo. Su posición le permitía distanciarse de los problemas terrenales. Bastaba con expresar su queja o satisfacción. Era y es el yerno del monarca. Es decir, los niños discapacitados le garantizarían, supuestamente, el reclamo para, supuestamente, organizar una estafa y derivar una parte de sus ingresos a paraísos fiscales.
El lacónico y displicente abogado del duque, calificaba la situación económica actual de éste de empobrecimiento injusto. Pobre no era, desde luego, José Bono. Ahora lo es mucho menos. Según sus propias declaraciones, la editorial que ha publicado sus memorias le ha abonado 800.000 euros. En los seis primeros meses se han vendido 30.000 ejemplares del primer volumen. Las cifras del fiasco hablan por sí solas. “Recordar es siempre mentir” precisa el poeta José Manuel Caballero Bonald.
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