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Los emprendedores no pagarán el IVA hasta cobrar la factura | |||
| Los pequeños empresarios no tendrán que responder con su vivienda habitual ante posibles deudas | |||
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► Las Cámaras dicen que la Ley de Emprendedores acabará con "grandes deficiencias" empresariales ► Cepyme dice que se debería haber aprobado antes El régimen especial de IVA incluido en el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización, que permitirá no ingresar el impuesto hasta cobrar la factura, beneficiará a 2,3 millones de pymes y autónomos, tal y como ha asegurado la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, Sáenz de Santamaría ha asegurado que se podrán beneficiar de esta medida, que no entrará en vigor hasta el 2014 y que supone un "cambio de filosofía completo", casi 1,3 millones de autónomos y más de 1 millón de pymes. Por otro lado, el anteproyecto contempla otros incentivos fiscales, como la deducción del 10% del Impuesto de Sociedades a las empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros que reinviertan sus beneficios en la actividad económica. Esta medida, según la vicepresidenta, beneficiará a unas 200.000 personas físicas y 185.000 pequeñas empresas. Asimismo, la deducción por actividades de investigación y desarrollo se ampliará a todas las empresas y no se perderá si la empresa no tiene beneficios (beneficiará a unas 4.000 empresas), mientras que se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina límite máximo. La nueva ley introduce una nueva deducción por la que los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación se beneficiarán de una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 20.000 euros al año y se eximen fiscalmente las plusvalías generadas si se reinvierten en otras empresa de nueva creación. Además, se crea la figura de responsabilidad limitada para que los empresarios individuales deudores no puedan perder su vivienda habitual siempre que su valor no supere los 300.000 euros, se cambia la ley concursal para favorecer la segunda oportunidad y se facilita la contratación pública por parte de pequeños emprendedores. Para favorecer la llegada de inversión y talento a España, el Gobierno facilitará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros, compras de deuda pública por más de 2 millones de euros o inversiones con impacto en la creación de empleo o aportación científica y tecnológica. Santamaría ha asegurado que este anteproyecto de ley es "muy importante", que forma parte del núcleo principal de las reformas del Gobierno y resulta "clave" para la reactivación económica y, por tanto, para la creación de empleo. La ley, según ha dicho, se tramitará por trámite de urgencia para que todas las medidas fiscales estén en vigor en el próximo ejercicio fiscal. Por otro lado, se fomenta el espíritu emprendedor a lo largo de toda la vida educativa, la internacionacialización y se abarata el coste inicial de constituir una sociedad con la creación de la figura de sociedad limitada de formación. Esta figura permitirá la creación de empresas con un capital inferior a los 3.000 euros con un régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada. Para agilizar la creación de empresas se crean los puntos de atención al emprendedor, que serán ventanillas únicas a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial. El Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo prestará la totalidad de los servicios previstos en la Ley. Con el objetivo de facilitar la segunda oportunidad, se crea un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios similar a los existentes en otros países. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta tres años. Para reducir las cargas administrativas, el Gobierno se compromete a revisar el clima de negocios de forma permanente y desarrolla una nueva cláusula bajo el nombre 'one in one out', por que la que se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra. Además, incluye una serie de medidas como la reducción de cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la Inspección, entre otras cosas. Por otro lado, se eliminan los obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Además, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios. En particular, en los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros y en 80.000 euros para los contratos de servicios. Asimismo, se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa. Y para luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una pyme. |
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