Los expertos que está consultando el Gobierno en relación con los movimientos sísmicos tras la inyección de gas en el almacenamiento subterráneo de Castor (Castellón) sostienen que estos fenómenos irán decayendo.
Fuentes gubernamentales explicaron que "lo normal es que decaiga en magnitud y en espacio temporal" la serie sísmica detectada en los últimos días en la zona.
Sin embargo, los expertos necesitarán más datos para conocer el origen de estos sismos y por ello, este fin de semana, se instalarán dos sismógrafos en las islas Columbretes de manera para que estén más próximos al almacén que los dos que actualmente están instalados en tierra y debido a que no se pueden poner en el mar. Estas islas están situadas a 48 kilómetros al este del cabo de Oropesa, en la localidad de Castellón de la Plana (Castellón).
Las mismas fuentes explicaron que los movimientos de estos días han sido de "pequeña magnitud" y que la falla se ha movido "muy poco".
Desde el punto de vista geológico la situación es "relativamente normal" porque se ha introducido gas en la corteza terrestre, si bien descartaron que la solución ahora sea extraerlo porque cuando se produce una deformación "la tierra tarda un tiempo en acomodarse".
Para estos expertos, que están elaborando informes sobre lo ocurridos, es necesario conocer la “ubicación exacta” de epicentros de los seísmos para determinar las causas, si bien señala que, de manera preliminar, hay una “relación temporal entre los seísmo y la inyección del gas colchón”.
Desde el Gobierno aseguran que “no se puede reanudar” la activad en el planta hasta que “no exista la absoluta seguridad” de que los movimientos “no puedan provocar algún tipo de seísmo”, incluso de mayor intensidad, porque no lo pueden descartan científicamente.
Los expertos precisaron que estos sismos están "netamente ligados a fallas" pero que desconocen qué fallas se han movido aunque sí que son “muchas pequeñas”. También indicaron que el lugar elegido para este almacén es "adecuado".
Fuentes gubernamentales relataron que la cronología de lo sucedido pasa porque el pasado 10 de septiembre, la empresa Escal UGS, controla por ACS, comunicó al Ministerio de Industria que se habían producido “microseísmos”, que habían sido alertados por el Observatorio del Ebro. La propia compañía, según dichas fuentes, había detectado algunos movimientos que “no eran suficientemente relevante” porque “no llegaban ni a 1,5 grados”.
Un día después, el 11, el Ministerio solicita a la empresa informes de lo que ocurre. Cinco días después, el 16 de septiembre, la compañía concluyó la inyección del gas colchón que había iniciado el pasado 13 de junio.
Sería el 24 de septiembre cuando se produce el primer seísmo de “relativa importancia”, de 3,6 grados, lo que lleva al Ministerio a que el día 26 decrete el cierre temporal de la instalación y se inicie una investigación por parte de varios comités de expertos y cuyo resultado determinará el futuro del almacén subterráneo.
Desde Industria señalan que en la Declaración de Impacto Ambiental emitida en 2009 sobre el almacén, ninguno de los organismos geológicos consultados hizo comentario alguno sobre que no se estudiara la situación sísmica de la zona, salvo el Observatorio del Ebro, que recomendó monitorizar los movimientos. Ello llevó a la empresa a instalar dos sismógrafos.
Al margen de esta situación, el Gobierno solicitó el pasado mes de julio una auditoría técnica y económica sobre el proyecto Castor, que se le entregará a finales de octubre, para conocer el coste total de esta instalación. Ello determinará, en caso de que entre en funcionamiento así como si cerrase, cualquier tipo de retribución o indemnización.
La construcción del almacén subterráneo Castor se presupuestó por 700 millones de euros y trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar y a 22 kilómetros frente a las costas de Vinaroz (Castellón).
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