La Infanta Cristina ha estado toda esta semana en
Barcelona, ciudad en la que vivió su independencia lejos
de Zarzuela, donde se le buscó trabajo en La Caixa, y donde hizo amistades, se enamoró y se casó. Aquí creó un
hogar, nacieron sus cuatro hijos y es la ciudad en la que se sentía
una más, en Barcelona la llamaban “la nostra” (la
nuestra). Pero las cosas cambiaron y esa misma ciudad ha visto
cómo su plácida vida se desmoronaba, primero obligada a irse a
vivir a Washington y luego a Ginebra para alejar a
la familia de los vaivenes a los que les han arrastrado los presuntos
delitos que se le imputan a su marido, Iñaki Urdangarín,
y ahora también a ella que tendrá que pasar este sábado por los
pasillos del juzgado palmesano por supuesto blanqueo de capital y
fraude fiscal.
El juez Castro, instructor del caso Noos, sostiene
que Cristina de Borbón fue cooperadora necesaria de los
supuestos delitos cometidos por su esposo ya que su participación
societaria en la empresa Aizoon, de la que posee un 50 %,
da lugar, a juicio del magistrado Castro, a la imputación
por la que ahora se la llama a prestar declaración. Según el
auto judicial Aizoon fue la destinataria de fondos que
supuestamente obtuvo Iñaki Urdangarín de manera ilícita y
de los cuales se aprovecharon tanto Iñaki como la hija del
Rey.
Según el acta de imputación Cristina contrató personal de
servicio explicándoles que serían pagados sus salarios en “negro”
y superado el período de prueba serían contratados por la empresa
Aizoon. Además tanto Iñaki Urdangarín como la
Infanta Cristina cargaron gastos personales y familiares a
la cuenta empresarial de Aizoon al tiempo que utilizaban
artimañas de ingeniería financiera para que parte de los gastos de
de su vivienda privada quedaran disfrazados como alquiler entre
los gastos empresariales de la sociedad Aizoon.
Con el fin de esclarecer todas las dudas que existen en este
asunto el juez Castro ha preparado un amplio abanico de
preguntas, más de cien, para que la Infanta pueda, si es
así, demostrar su inocencia en este turbio asunto en el que, por
primera vez, se encuentran envueltos miembros de la familia del
Jefe del Estado español, y aunque el fiscal Horrach en este caso parece más bien un abogado defensor que un
acusador público parece ser que tiene previsto solicitar que, en
caso de que Urdangarín sea condenado, la Infanta
Cristina sea obligada a devolver 600.000 euros que es la
cantidad en que la fiscalía estima se puede haber beneficiado de
los supuestos trapicheos de su esposo. La fiscalía no la considera
culpable para imputarla pero si para responder del posible fraude
monetario, algo incomprensible, pero ya sabemos que a las
personas de sangre azul todo se les perdona si lo han hecho por
amor.
El Rey es el Jefe del Estado, y su familia, se
sobreentiende, debería tener una vida inmaculada o como mínimo
parecerlo, los ciudadanos esperan que los que están por encima
de ellos en dignidad y gobierno, como se decía antes, en sus
actuaciones sean claros, transparentes y legales, en fin, que
cumplan con sus responsabilidades. La Infanta Cristina
hace muchos meses que debería haber acudido a declarar ante
el juez Castro, ¿no viven de sus privilegios?, pues que
aguanten la vela cuando la vida se tuerce.
Cristina durante esta semana ha estado junto con sus
abogados Miquel Roca Junyent y Jesús María Silva preparándose para contestar sin titubeos y con claridad a las
preguntas del incisivo juez Castro, seguramente no le
hará falta emplearse a fondo respondiendo al fiscal, y tan sólo
responderá a las preguntas de su defensor negándose, es su
derecho, a responder al resto de las acusaciones. Les tiene que
convencer con su verdad, otra cosa será lo que ellos crean. Una
verdad que lleva años dilatándose a causa precisamente de buscar
todos los datos para que juez y fiscal puedan dar carpetazo a este
auto.
Este sábado hay más de trescientos periodistas acreditados para
ofrecer de primera mano información de esta comparecencia de
la hija del Rey ante el juez. Ha despertado expectación y
viene siendo noticia de primera página desde hace tiempo.
A los periodistas parece que se les va a asignar un espacio por
cuestiones de orden y de seguridad. Y también es probable que
lo tengan muy mal para hacer su trabajo, primará la seguridad
de Cristina por encima de todo y fotógrafos y resto de
prensa serán alejados de la presencia física de la Infanta con la excusa de la seguridad, aunque lo que realmente se
busca es que nadie pueda tomar fotos comprometidas de una
Infanta de España como imputada a la puerta de un
juzgado o sentada en el banquillo ante el juez mirando la foto
de su padre que, obligatoriamente, está presente en todas las
salas de vista judiciales. Ante todo se busca, con la excusa de la
seguridad, que nadie moleste con preguntas incomodas a la hija
del Rey, ese mismo Rey que hace menos de dos
años en su mensaje navideño dijo que la Ley era igual para todos.
Si teníamos alguna duda de que esto no es así ahora tenemos la
confirmación, ante la Ley los Borbones y otros privilegiados
son diferentes.
Sin duda alguna que la Infanta Cristina finalmente acuda
a declarar en sede judicial es gracias a la profesionalidad y
constancia del juez Castro, un hombre que, por encima de
los estamentos más altos del Estado, hace lo que cree que
su deber como juez le demanda, cumplir con su deber sea quien
sea el personaje al que tiene que imputar.
Quizá esta aparición de Cristina de lugar a que los
cortesanos habituales, especialmente esos que en algunos medios
ocupan el lugar de “cronista de la Corona”, lancen las
campanas al viento para decir que la Monarquía española
no ha puesto problemas a la justicia para que ésta haga su trabajo.
Quizá, pero lo dudo, la Infanta Cristina fue imputada
antes, el año pasado, imputada y desimputada en pocas horas, fue
visto y no visto. Algo inaudito y fuera de lugar. Por suerte el juez
Castro no tiró la toalla y elaboró un auto de 227 páginas, el
más largo en ese tema en muchos años, para volver a imputar a la
Infanta, ante esta realidad Casa Real y allegados
tuvieron que callar y Cristina, como ha hecho toda esta
semana, ensayar preguntas, respuestas, decorado que le rodeará
durante unas horas.
Creo en la profesionalidad de todas las personas implicadas en este
proceso pero también sé que cortesanos, adláteres y demás son los
suficientemente irresponsables como para mediar con el fin de que
todo el proceso quede suscrito a un paripé para, de una por todas,
conseguir que todos los desaguisados de la Casa Real
española queden olvidados, obviados o minimizados.
Este sábado en Palma de Mallorca los que lo tendrán peor
son los informadores, tendrán muchos problemas, ninguno amable
y sólo será un milagro si se consigue una imagen de la hija del
Rey, ahora imputada, Cristina de Borbón en la que
salga de frente y completamente nítida.
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