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El sistema está a punto de quebrar. Esa es la afirmación que ha hecho recientemente el Centro Nacional para los Niños Desaparecidos y Explotados en un reciente estudio sobre la pornografía infantil que se distribuye en internet. Por más medios que se ponen sobre la mesa y más recursos destinados a combatirla, la situación no deja de agravarse con más y más casos registrados y con unas fuerzas de seguridad totalmente desbordadas ante una ola que se le hace especialmente grande. Las penas se han endurecido, pero, desafortunadamente, los casos no hacen más que aumentar en número.
De 3.000 a 100.000 denuncias de pornografía infantil en solo una década Según el CNNDE, las cifras registradas son un claro síntoma de por qué hay que preocuparse. Tomando como punto de partida el año 1998, en este se registraron aproximadamente 3.000 casos de vídeos o fotografías con abusos a menores. Diez años más tarde, la cifra se elevó a los 100.000 casos; pero la situación, lejos de reducirse o incluso de frenarse, no ha hecho más que crecer a un ritmo vergonzosamente elevado.
En 2018, el pequeño temblor se convirtió en un gran terremoto, en una ola imparable. Casi 20 millones de casos registrados, duplicando las cifras del año anterior y casi la mitad de todo lo que se haya podido registrar a lo largo de la historia. Un número mareante que se extrae de las notificaciones de las compañías de tecnología, dado que son las encargadas de notificar a las autoridades cuando detectan este tipo de contenidos en movimiento. Lo peor de esta situación es que cada notificación suele implicar más de una fotografía o vídeo. De hecho, en el mismo 2018 que hemos citado se registraron más de 45 millones de contenidos con pornografía infantil.
Situación que llama poderosamente la atención, sobre todo porque las penas se han endurecido en prácticamente todos los países del mundo en lo relacionado con la pornografía infantil. Podemos mirar de hecho a España, que dio un firme paso al frente en 2015 con la intención de frenar parte de esta oleada criminal. Aunque, desafortunadamente, su aportación no ha conseguido hacer que los casos se detengan. Como hemos podido ver, ha sucedido todo lo contrario.
¿Cuáles son las penas por posesión o difusión de pornografía infantil en España? En 2015, el Tribunal Supremo decidió doblar las penas de cárcel para todos aquellos acusados de posesión y distribución de pornografía intantil, aplicando los agravantes correspondientes a los delitos de corrupción y prostitución de menores para casos especialmente vejatorios y degradantes. Extendiendo dicho agravante, el TS fijó una nueva doctrina que parecía ser clave para cambiar la situación, aunque ya hemos visto cuál es la realidad.
Así, el Código Penal de España reflejaba penas de entre 1 y 5 años de cárcel por distribución y tenencia de pornografía infantil en caso de no haber agravantes. Ahora bien, con los nuevos dictámenes del Supremo, esta pena pasa a ser de entre 5 y 9 años. Cifras que, según el especialista Manuel Rincón, profesional de la abogacía, encajan mejor con la gravedad de este tipo de delitos y se ajustan bastante, aunque deberían endurecerse todavía más. Aunque, aun así parecen insuficientes para frenar una oleada que parece imparable.
En este contexto se registran casos como el de un S.A.M., hombre que era condenado el pasado 8 de julio de 2019 a 20 años y 6 meses de prisión con 17 multas de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros, haciendo un total equivalente de 36.720 euros. ¿El motivo? Ni más ni menos que 41 delitos de exhibición y pornografía infantil.
¿Por qué el endurecimiento de las penas no está siendo suficiente? Viendo cómo son las penas por este tipo de delitos a día de hoy, cabría esperar que su imposición lograra hacer de freno, aunque ligero, pero no está siendo así. La realidad es que es difícil saber cuál es el motivo de este incremento en delitos de pornografía infantil, aunque la clave de todo esto está siendo, principalmente, el medio por el que estos contenidos ilegales se están difundiendo: internet.
La red de redes permite a los criminales ampararse en el anonimato para poder mover estos contenidos sin miedo, aunque las compañías pueden rastrearlos y llegar incluso a dar con la identidad exacta de las personas que los llevan a cabo. Sin embargo, los mecanismos para borrar el rastro o incluso ocultar la identidad en el entorno digital son lo que está permitiendo que cada vez haya más y más casos registrados y, desgraciadamente, otros muchísimos de los que ni siquiera haya constancia.
Un escenario que requiere cierto ejercicio de reflexión y recapacitación, y que deja claro que hacen falta nuevas medidas para poder parar una oleada que está llegando a saturar a las fuerzas de la autoridad en varios países. La cantidad de material pornográfico infantil que se está interceptando en los últimos años es insultantemente elevada, y no hace más que disparar la preocupación de familias de todo el mundo.
En España las penas han subido a un nivel incomparable al de los casos que se detectan y se denuncian. Raro es el mes en el que no aparece un nuevo caso de distribución/posesión de contenido ilegal con menores de edad. Y, desafortunadamente, no parece que ese ritmo se vaya a ir deteniendo con el paso del tiempo, salvo que se inicien nuevos protocolos.
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