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Etiquetas | Bankia | Rodrigo Rato

Andreu acusa a Rato y Blesa de "consentir, aceptar y propiciar" el uso indebido de fondos con las tarjetas

Bankia
Redacción
viernes, 17 de octubre de 2014, 09:14 h (CET)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cree que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y uso en provecho propio de 'tarjetas B', que entregaron además a consejeros y directivos sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello.

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El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este jueves en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal y les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres millones para Rato.

El instructor asegura que ambos presidentes utilizaron "en provecho propio" las tarjetas y las entregaron a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos, lo que "supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo".

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.

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