El Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015, que
entrarán en vigor el próximo 1 de enero, después de tres meses de
tramitación en los que ha incorporado 250 modificaciones con respecto
a su redacción inicial.
Unos cambios que, sin embargo, no han servido para mover la postura de los grupos de la oposición, que tanto en su primera vuelta en la
Cámara Baja como durante el trámite en el Senado se han opuesto a las
cuentas presentando --todas las formaciones salvo Unión del Pueblo
Navarro (UPN), socio electoral del PP--, enmiendas de totalidad y más de 8.200 enmiendas
parciales.
De hecho, 98 de las 99 modificaciones incorporadas en el Palacio de la Carrera de San
Jerónimo eran propuestas del PP, y sólo los nacionalistas del PNV consiguieron sacar
adelante una enmienda, sin contar con los cinco cambios del PSOE introducidos en el
texto por un error del PP a la hora de votar, pero que fueron eliminados en el Senado.
Ha sido precisamente esa escasez de cambios a propuesta de la oposición lo que ha
provocado la mayor parte de las críticas este jueves, y hasta UPN ha reprochado al
Ejecutivo y al PP su "inflexibilidad" en la negociación.
El resto de formaciones de la oposición se ha quejado también de que las cuentas no
resuelven los problemas estructurales de la economía, se olvidan de los más afectados
por la crisis, profundizan la desigualdad y perjudican a las comunidades autónomas, y las
han tachado incluso de "electoralistas".
PRIMERAS CUENTAS DE LA RECUPERACIÓN
Sin embargo, según el Gobierno éstas serán las primeras cuentas de la recuperación
económica, y parten de unas previsiones "responsables y realistas" para lograr un
"equilibrio entre la necesaria austeridad y la contención de gastos, y el impulso de la
recuperación". Además, se espera que las medidas incorporadas en este proyecto de ley,
junto con la reforma fiscal, permitan "abrir la puerta de la creación de empleo".
En total, los ingresos tributarios alcanzarán los 179.750 millones de euros, un 2,4% más
que la recaudación prevista este año, mientras que los no tributarios llegarán a los 20.747
millones de euros, un 0,9% menos que las previsiones de este año. De esta forma, los
ingresos totales no financieros sumarán 128.159 millones, un 1,3% más.
En materia de gastos, los ministerios dispondrán de 34.584 millones de euros (-4,7%).
Las partidas que más crecerán serán la inversión en I+D+i (5.633 millones, +1,3%), las
becas (1.413 millones, +21,5%), la cultura (81 millones, +17,1%) y la vivienda (770 millones,
+4,8%).
El límite de gasto no financiero se situará en 133.259 millones de euros, un 2,7% más.
Dentro de este techo, el gasto por los intereses de la deuda sumará 36.590 millones de
euros, un 5,2% menos. De esta forma, los ministerios, con 34.584 millones de euros,
contarán con un presupuesto 2.000 millones menor que lo que gastará el Estado en pagar
los intereses de la deuda, 36.590 millones.
Por otro lado, se destinarán 29.469 millones de euros al pago de prestaciones por
desempleo, lo que representa un 10,3% más en comparación con el presupuesto inicial de
2013, cuando el gasto previsto se situó en 26.696 millones de euros.
Con todo, el gasto no financiero de los ministerios alcanzará los 66.336 millones de
euros, un 5,6% más, mientras que las aportaciones a la Seguridad Social, las
transferencias al SEPEE y las aportaciones a la nueva Comisión Nacional de Mercados y
Competencia (CNMC) sumará 31.752 millones, un 19,8% más.
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