El grupo parlamentario Compromís en las Corts ha presentado una
denuncia en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra los miembros del Consell,
ampliable a los diputados que voten a favor de los presupuestos de la
Generalitat, por posible prevaricación y malversación por presupuestar
para 2015 un total de 1.230 millones de ingresos sin cobertura legal.
La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha explicado en
declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las
Corts que esta denuncia se basa en el "falseamiento" de los
presupuestos de la Generalitat, ya que "se incluyen ingresos sin
fundamento legal". "Esos ingresos se pueden pedir al Estado, pero no se
pueden presupuestar, porque para presupuestarlos se debe tener una
cobertura legal", ha indicado.
La denuncia advierte de posibles delitos de prevaricación "por tomar
una decisión injusta e ilegal, a sabiendas". Al respecto, Compromís
señala en el texto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIREF) alertó el pasado día 5 de que el anticipo de 1.178 millones
del Fondo de Competitividad "no está previsto en los presupuestos del
Estado", por lo que "no existe constancia expresa ni fundamento legal
que justifiquen la recepción de estos ingresos", advertencias que ya
habían sido puestas de manifiesto en el borrador de la AIREF del 28 de
julio.
Asimismo, Compromís destaca que en el informe del pasado martes la
AIREF "elimina determinados juicios e interpretaciones jurídicas, pero
sigue advirtiendo de la falta de fundamento legal de la inclusión de
determinados ingresos en el presupuesto de 2015", como el anticipo del
Fondo de Competitividad, la compensación por el IDEC u otros ingresos
por tasas y precios públicos.
Además, la denuncia también plantea posible delito de malversación,
"no con ánimo de lucro, como es la forma tradicional, sino por
falseamiento de las cuentas públicas", ha manifestado Mònica Oltra.
"Estamos ante un falseamiento de las cuentas públicas en perjuicio de
la Generalitat y, por ende, de la ciudadanía, puesto que los ingresos
computados vinculados a gastos no tienen cobertura legal y, por tanto,
existe la total seguridad de que no van a producirse", indica la denuncia.
La portavoz adjunta de Compromís ha destacado: "No está en nuestro
ánimo llevar a nadie a prisión, ni inhabilitar a nadie, pero queremos que
se establezca una línea clara sobre qué es legal y qué no es legal a la
hora de incluir ingresos sin cobertura en un presupuesto".
PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL
Para Oltra, "es necesario ante esta práctica reiterada del Gobierno
valenciano que haya un pronunciamiento judicial". Asimismo, ha
indicado que "estamos ante tipos penales nuevos, derivados de la
reforma del artículo 135 de la Constitución, que nosotros no
compartimos, pero tampoco compartimos que ese artículo no vincule a
quienes lo han impuesto".
La diputada ha asegurado que "si el tribunal considera que tenemos
que ir a ratificar la denuncia, iremos y daremos las explicaciones
oportunas", pero no se personarán como acusación particular ni
popular. Inquirido por si la presentación de esta denuncia afecta a la
aprobación de los presupuestos, lo ha negado, ya que ha indicado que
"el único que puede paralizar una ley es el Tribunal Constitucional".
Respecto al recorrido de esta denuncia penal, Oltra ha explicado que
se nombrará a un instructor y se dará traslado al Ministerio Fiscal para
que intervenga como parte. "Si el ministerio público entiende que hay
un ilícito penal, investigará, la Sala deberá imputar los posibles autores
y, a partir de ahí, será un procedimiento penal", ha comentado. En
cuanto a las penas a las que se podrían enfrentar, en el caso de
malversación podría ser una inhabilitación de hasta diez años y en el de
prevaricación, de uno a cuatro años.
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